Diez años de errores y una disculpa

Esperanza Aguirre, profesional de la política que ocupa cargos institucionales o de partido desde hace 31 años, anuncia estos días que no va a “abandonar el barco cuando parece que se hunde”. Responde así Aguirre, presidenta del PP de Madrid, a la crisis que vive su partido, acosado por casos de grave corrupción.

Los procesos judiciales abiertos a cargos del PP afectan en un alto porcentaje a políticos a los que Aguirre eligió, nombró y defendió durante los diez años que presidió la Comunidad de Madrid. El último ejemplo de sus malas experiencias con personas a las que dio un inmenso poder se llama Francisco Granados Lerena, al que Aguirre fichó para su equipo cuando se embarcó en las elecciones autonómicas madrileñas de 2003.

Si hubiera tenido la más nimia sospecha lo hubiera denunciado

Granados, en prisión incondicional desde el 31 de octubre, lideró una trama de corrupción masiva que operaba con Ayuntamientos madrileños, la mayoría gobernados por el PP, y utilizó sus cargos en la Comunidad de Madrid para su enriquecimiento personal, según el juez Eloy Velasco.

Desde el inicio de su andadura como presidenta, Aguirre confió a Granados algunos cargos estratégicos del Gobierno autonómico —fue consejero de Transportes, de Presidencia y de Justicia e Interior— y del partido, donde llegó a ser secretario general.

La detención de Granados el pasado 27 de octubre llevó a la presidenta del PP a reconocer su error al nombrarlo y a pedir perdón en público: “Nunca tuve la menor sospecha de que estuviera utilizando sus cargos para el enriquecimiento personal. No tengan duda de que si hubiera tenido la más nimia sospecha lo hubiera puesto en conocimiento de la justicia, como hice en el caso Gürtel”.

El patrimonio de Granados siempre estuvo vinculado a constructores

Las sospechas sobre Granados se publicaron a lo largo del tiempo en todos los medios de comunicación: el incendio intencionado del coche de su mujer, matriculado a nombre de la constructora de un amigo; la supuesta venta de su chalet de Marbella a un promotor con grandes negocios en su pueblo; la contratación de guardias civiles que acabaron espiando a los adversarios de Aguirre; la denuncia del exdirectivo de una empresa sobre el pago de 200.000 euros al consejero; el intento de compra de una casa de 1.000 metros cuadrados cuyas obras supervisaba su mujer…

Pero Esperanza Aguirre no hizo nada porque lo ignoraba todo, según cuenta.

Le ocurrió con más personas de su confianza. Alberto López Viejo, imputado en el caso Gürtel por el cobro de comisiones ilegales, adjudicó a las empresas de Francisco Correa la organización de cientos de actos institucionales de Esperanza Aguirre. López Viejo llegó al Gobierno autonómico en 2004 con un historial sospechoso a sus espaldas. Las acusaciones de malversación de caudales públicos perseguían a López Viejo desde su etapa de concejal de Limpieza de Madrid. Leal escudero de Aguirre, la presidenta le colocó de viceconsejero de Presidencia y luego le ascendió a consejero de Deportes. López Viejo renunció a su cargo en 2009, cuando estalló el escándalo.

Es necesario que los militantes y ciudadanos elijan a los candidatos

Otro diputado autonómico, Benjamín Martín Vasco, imputado en el caso Gürtel por el cobro de cientos de miles de euros de la red corrupta, fue elegido por Aguirre como portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid y, después, presidente de la comisión que investigaba si el Gobierno regional había montado un equipo de espías contra los adversarios de la presidenta autonómica dentro del PP. Tuvo que dejar sus cargos cuando estalló el escándalo del caso Gürtel.

Aguirre llegó a presumir de que ella había destapado el caso Gürtel cuando frenó un concurso de suelo en Majadahonda, supuestamente amañado en favor de una empresa. Nunca se acreditó que esa empresa tuviera relación con la trama de Correa. Fruto de aquel polémico concurso de suelo, Aguirre retiró al alcalde, Guillermo Ortega, pero le regaló a cambio un puesto mejor remunerado como gerente del Mercado Puerta de Toledo, empresa pública de la Comunidad de Madrid. Ortega está imputado por cobrar cientos de miles de euros por favorecer a las empresas de Correa.

La trama Gürtel echó raíces en la Comunidad de Madrid, nadie contrató más con Correa que el Gobierno de Aguirre.

La presidenta impuso en elecciones locales a aspirantes que nadie conocía

Los exalcaldes del PP en Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Arganda del Rey, Collado Villalba, Valdemoro, Torrejón de Velasco y Casarrubuelos están imputados en dos casos de corrupción.

Cuando estalló la Operación Púnica, Aguirre intentó desvincularse del nombramiento de los alcaldes del PP implicados. Pero un día después recuperó la memoria. Al alcalde de Collado Villalba lo colocó ella.

Como presidenta del partido en Madrid, ha impuesto el nombre de muchos candidatos a alcalde en las últimas elecciones. El ex diputado autonómico Juan Soler no había hecho nunca política en Getafe ni vivía allí, pero fue el candidato a la alcaldía por decisión de Aguirre en 2011 y ganó las elecciones. Lo mismo les ocurrió al exparlamentario David Pérez en Alcorcón y a otros muchos tocados por el dedo de Aguirre, defensora de las primarias para elegir candidatos. “Es necesaria más democracia interna en los partidos para que los ciudadanos, los militantes, elijan a los candidatos”, repite en los últimos tiempos.

Su alcalde de Getafe, Juan Soler, opina lo mismo y lo ha escrito en El Mundo: “La gente vota siglas, cuando debiera votar personas. Elige a unos representantes que no conoce. Por ello debemos estrechar el vínculo entre electores y elegidos. No puede ser que a los ciudadanos apenas les suene algún nombre de la lista electoral decidida en oscuros despachos y en función de criterios poco claros”. Como en su caso.