La corrupción agobia a Barberá

A estas horas Alfonso Grau, vicealcalde de Valencia, sopesa si dimite de su cargo como número dosde Rita Barberá después de que la Audiencia de Palma de Mallorca lo haya dejado a un paso del banquillo de los acusados por los convenios suscritos entre 2004 y 2006 por la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, cuyo patronato preside, y el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin.

Lo hace poco después de jactarse en un pleno de que la alcaldesa y su gobierno llevaban más de 20 años al frente del Consistorio sin un solo caso de corrupción. Grau acusó a los grupos de la oposición de “vendedores vulgares de ideas, como los del viejo oeste”, cuanto exigieron explicaciones por la responsabilidad de Barberá en los escándalos de las jornadas Valencia Summit organizadas por Urdangarin, la gestión de la depuradora de la pedanía de Pinedo a través de la empresa pública Emarsa o los sobrecostes de Feria Valencia, de cuyo patronato es presidenta.

Grau, que medita su renuncia para salvaguardar a la regidora de la presión política, no ha podido evitar, sin embargo, que el auto de la Audiencia de Palma, echase en falta en la causa al expresidente valenciano Francisco Camps y a la alcaldesa, exonerados por el Tribunal Superior de Justicia valenciano. “Constatamos que ha quedado al margen del escrutinio judicial la posible participación [de los dos políticos] en los convenios de los Valencia Summit”, dice el auto. La Audiencia considera que los dos aforados podrían haber “ilícitamente participado” en “contrataciones controvertidas”. Y alude a la alcaldesa que “impulsó la contratación” del evento. “De ahí los contactos previos y personales” que mantuvieron Urdangarin y Torres con ella “y con el presidente de la Generalitat”, recogen los magistrados.

“Estamos avergonzados de la manera en que los dirigentes del PP han gestionado el dinero de los valencianos”, denunció ayer el portavoz municipal socialista, Joan Calabuig, cuyo grupo está personado en el caso Nóos. El edil subrayó la influencia determinante de Barberá en las principales instituciones de la capital. Y no se paró solo en el caso Urdangarin. Siguió con otro de los casos más onerosos para las arcas públicas valencianas: el saqueo de 31 millones de euros a Emarsa, la sociedad pública que gestionaba la depuradora de Pinedo.

Fue una coincidencia pero el mismo día que la Audiencia de Palma imputaba de nuevo a Grau, el juez instructor Vicente Ríos abrió juicio contra 24 acusados por el saqueo de la depuradora, algunos de ellos de la órbita del PP de la capital e incluso del Gobierno local de Barberá. Es el caso de Esteban Cuesta, expresidente del PP en la Agrupación de Poblats de l’Oest y exalcalde pedáneo de Benimàmet. O Santos Peral, ex secretario general del PP de Patraix e Ignacio Martínez Maiques, ex secretario general del PP en el distrito de Trànsits.

La propia Barberá recibió del gerente de Emarsa y principal imputado regalos pagados por la depuradora. La secretaria de Cuesta declaró como testigo en el juzgado que en dos ocasiones llevó a la regidora bolsos de la marca Loewe. También declaró que el desembarco en Emarsa de uno de los personajes más turbios de la trama, Sebastián García, fue gracias al actual concejal de Hacienda de Barberá, Silvestre Senent. Ni Barberá ni el resto de su gobierno ha aceptado vínculo alguno con el saqueo, pero Senent fue relevado de la presidencia del PP local a principios de 2013 tras 20 años en el cargo y con la investigación de Emarsa abierta.

Un tercer escándalo ha salpicado de lleno a Feria Valencia, otra institución cuyo patronato preside Rita Barberá. La Generalitat admitió hace unos días que la Fiscalía de Valencia investiga los sobrecostes de la ampliación del recinto, que puede suponer para la Generalitat el desembolso de 1.027 millones de euros al no poder la institución hacer frente a los pagos de la deuda. Los órganos de gobierno de la institución, que presidía en este controvertido periodo Alberto Catalá —persona de confianza de Barberá— se gastaron en 11 años 142 millones de euros en dietas y viajes.

Como recoge un informe de la Intervención de la Generalitat, realizado recientemente por Hacienda y en poder de la fiscalía, la ampliación de la feria se hizo sin controles del patronato ni de la Generalitat. La regidora ha defendido siempre que se le ha preguntado por los hechos que es una institución de carácter privado y no está sometida a la fiscalización pública. Un criterio que no comparte la Intervención.