Trias admite que el recorte de la renta mínima ha provocado desahucios

El Ayuntamiento de Barcelona reconoce que los recortes en la Renta Mínima de Inserción (RMI, el antiguo PIRMI) han impactado en los desahucios. Así lo afirma el informe que el próximo jueves tiene previsto presentar en el pleno extraordinario sobre los desahucios el Consistorio que capitanea Xavier Trias, al que ha tenido acceso EL PAÍS. El documento vincula el recorte a las “dificultades financieras” de la Generalitat para costear las prestaciones de la RMI, “que han provocado plazos de tramitación y cobro muy largos y que han mantenido a muchas familias sin ingresos y, en consecuencia, han imposiblitado disponer de unos recursos mínimos para afrontar sus obligaciones cuando habían agotado todas las prestaciones”.

El informe relata cómo el Ayuntamiento ha afrontado desde 2009 los problemas de pérdida de la vivienda, pero también la insuficiencia de recursos. Explica, por ejemplo, que desde la creación en 2009 de la Mesa de Emergencias Sociales para atender a familias que pierden la vivienda, los casos “han aumentado anualmente de forma importante y pese al trabajo hecho y la resolución favorable de la mayoría de los casos, se ha evidenciado la falta de viviendas sociales para poner a disposición de las familias”.

El capítulo sobre el funcionamiento de la Mesa relata que “la creciente demanda de casos que van cada mes a la Mesa y la falta de viviendas del fondo de alquiler social provoca que no se pueda dar respuesta a todos los casos”. En este sentido, relata con crudeza la complejidad de “administrar” la bolsa existente porque “los adjudicatarios de vivienda de emergencia se saltan [el reglamento previsto para adjudicación de pisos sociales mediante el listado de solicitantes] este procedimiento y se comen los recursos del resto de colectivos en grave riesgo de exclusión residencial como personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o unidades familiares con muy bajos ingresos”.

El informe enumera los esfuerzos del Ayuntamiento en aumentar la bolsa de pisos sociales (desde 2010 ha doblado el parque social de 1.140 viviendas a 2.248), recuerda que ya no construye vivienda pública de compra, ha agilizado la tramitación de suelo para VPO o ha mediado en casi 40.000 casos. Con todo, también reconoce que el resultado de convenios de cesión de pisos con Servihabitat o CatalunyaCaixa “han sido muy exiguos”.

En relación a la bolsa de viviendas vacías de las entidades financieras, el teniente de alcalde de Hábitat Urbano, Antoni Vives, anunció ayer que el Ayuntamiento comenzará a inspeccionar 398 pisos de los barrios de Ciutat Meridiana, Trinitat Vella y el Besòs-Maresme que pertenecen a bancos y que sospecha que pueden estar vacíos. El objetivo es forzar a las entidades a que vendan, alquilen o cedan al Ayuntamiento estas viviendas. Si no lo hacen, serán multadas.

El inicio de las inspecciones es fruto de la aprobación, en enero pasado, de la moción impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que insta a los Ayuntamientos a sancionar los pisos desocupados que son propiedad de entidades financieras o grandes empresas. Hasta mayo no se constituyó la comisión de seguimiento de las viviendas vacías y la semana pasada la comisión cerró el procedimiento de las inspecciones. Con todo, la PAH reprochó ayer que las inspecciones “llegan tarde” y afirmó que “con 400.000 pisos vacíos, 400 inspecciones son pocas, y deberían extenderse a toda la ciudad”. El presidente del grupo municipal de ICV, Ricard Gomà, consideró que “detectar en solo tres barrios 400 pisos vacíos de entidades financieras certifica el fracaso imperdonable de Trias ante los bancos”.