Una madre argelina firmó en la Xunta una adopción sin intérprete

Una abuela imputada aseguró ayer en los juzgados de Lugo que a su hija discapacitada psíquica, de la que es tutora legal, le pusieron a firmar los papeles para entregar al recién nacido sin que ella estuviera presente. Su hija, convaleciente en el Xeral Calde de Lugo, echó la rúbrica en soledad, sin la supervisión de su tutora y, según el testimonio de un celador, bajo los efectos de tres potentes ansiolíticos Valium 10. “No sabía lo que hacía, habría firmado la muerte de Carrero Blanco”, reconoció este trabajador del hospital en su momento, cuando lo llamaron del juzgado 3 de Instrucción como testigo.

Otra madre, inmigrante argelina, que en 2011 dio a luz en el Hospital da Costa en Burela, firmó supuestamente la adopción sin ayuda de un intérprete. “Me quitaron a mi niña por no saber español”, declaró a EL PAÍS. Ayer, según los abogados presentes en los primeros interrogatorios a imputados del llamado caso Bebé, quedó claro que el Servizo de Menores de la Xunta no le proporcionó una persona que le ayudase con el idioma. Una psicóloga de este departamento de la Consellería de Traballo e Benestar negó que esta madre no supiese castellano y dijo que hasta se lo explicaron en francés. Pero esta progenitora cuenta que solo sabía árabe. Y además en su país la adopción está prohibida, su cultura cimentada en el Corán no concibe tal cosa y, según ella, jamás habría asentido.

A la primera de estas dos madres que perdieron a sus bebés solo le dejaron ver al niño, presuntamente, el día que nació durante una hora. Luego al crío lo mantuvieron completamente aislado. Y todo esto mientras el padre, según denunció, era retenido en el vestíbulo del hospital para que tampoco subiese a verlo. En el expediente de acogimiento del pequeño, una trabajadora de la Xunta puso “de padre desconocido”. Este hombre, por entonces, cumplía orden de alejamiento respecto de su pareja, pero su consentimiento para entregar el bebé a Menores, según su abogada, era imprescindible y no se tuvo en cuenta. Esa trabajadora que en el hospital supuestamente obvió la figura paterna y ayer se negó a declarar fue una de las empleadas de la Administración gallega que inauguraron el desfile de imputados de la Operación Bebé. Este caso nació en 2010 a partir de una serie de denuncias de madres y padres despojados por Menores de sus vástagos, y fue creciendo (al mismo tiempo que lo hacían los hijos alejados de sus familias biológicas) hasta acumular ahora una docena. Niños son muchos más, porque algunas madres relatan el calvario que viven en su lucha por recuperar hasta tres críos. Además de ella, estaban llamadas a declarar ante la juez Sandra Piñeiro (titular de Instrucción 2 que heredó el caso de la responsable del 3, Estela San José), la abuela ya citada y tres funcionarias en activo del Servizo de Menores de la Xunta, imputadas en estas diligencias junto a otra media docena de empleados públicos y una monja.

Un celador dice que antes de ponerle los papeles a firmar, a la madre que acababa de dar a luz le dieron tres Valium

Las familias denunciantes, casi todas con pocos recursos, escasa formación y en situación social vulnerable, que son representadas por letrados del turno de oficio, aspiran a demostrar que sus hijos les fueron retirados de manera irregular y destacan las “contradicciones” en las que incurrieron ayer los funcionarios de la Xunta, a los que la Administración gallega les proporciona la defensa. La Xunta llegó a intentar personarse como acusación particular en el caso, pero el juzgado, en una providencia del año 2012, se lo denegó. Al principio de la operación, la juez Estela San José llegó a registrar el departamento de Menores en Lugo y se llevó los expedientes de las primeras familias que denunciaron.