Núñez deberá ingresar en prisión en diez días

El empresario y expresidente del FC Barcelona Josep Lluís Núñez deberá entrar en la cárcel en un máximo de diez días. La Audiencia de Barcelona ha desestimado el último recurso del que disponía para eludir la cárcel tras ser condenado por el caso Hacienda. La resolución, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, rechaza el recurso de réplica interpuesto por Núñez y ordena su ingreso en un centro penitenciario.

El Tribunal Supremo rebajó de seis años a dos años y dos meses de cárcel la pena impuesta a Núñez por participar en un entramado que sobornó a inspectores de Hacienda en Cataluña para lograr ahorros fiscales. Desde entonces, el expresidente azulgrana ha intentado eludir la prisión. Su defensa solicitó el indulto al Gobierno y pidió a la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona -la misma que le condenó a seis años- que suspendiese la ejecución de la pena mientras se tramitaba la medida de gracia. Los magistrados rechazaron esa petición y han confirmado ahora esa decisión.

En el auto que confirma el ingreso en prisión, dictado ayer, los magistrados relatan que Núñez “no ha dado la menor muestra de arrepentimiento o de contrición”, ya que ni siquiera “reconoce el delito por el que ha sido condenado”. En apoyo de esa tesis cita un comunicado emitido por su empresa, el grupo Núñez y Navarro, en el que el empresario “se presenta ante la opinión pública poco menos que como víctima de una injusticia”. Esa actitud “dista de quien, acatando y respetando la condena, quiere solicitar el perdón”, por lo que los magistrados dudan que se trate de que se trate de una persona rehabilitada.

Los magistrados reprochan que el constructor “no ha dado la menor muestra de arrepentimiento”

Los magistrados reiteran que la pena debe cumplirse por la “gravedad” de los hechos. La conducta de Núñez no fue “ocasional, puntual o episódica”, sino que se prolongó en el tiempo porque “sobornó” a inspectores de la Agencia Tributaria “durante años”. El auto es contundente en sus manifestaciones: “No nos hallamos ante una persona marginal o marginada, sino ante personas que utilizaron su excelente y privilegiada inserción social y poder económico empresarial para delinquir”, señala.

Los magistrados citan a Hegel para recordar que, quien delinque, “ofende a toda la comunidad”. Más aún cuando se trata de impuestos y hay personas, como Núñez, que “se muestran insensibles e insolidarios con los demás contribuyentes y anteponen su lucro personal, privado”. El auto incide en que el fraude a Hacienda “repercute negativamente en las prestaciones sociales y va en detrimento de los servicios públicos”. Quienes pagan el pato, insisten los magistrados, son “las capas de población menos favorecidas con sufridos recortes de servicios públicos”.

Núñez utilizó su poder económico empresarial para delinquir

Los argumentos esgrimidos por la defensa en el recurso de súplica han sido desestimados uno a uno. La defensa alegó, por ejemplo, que había habido dilaciones indebidas tras la sentencia del Supremo. Pero la Audiencia lo rechaza de plano y recuerda que la defensa de Núñez ha usado “de forma prolija los recursos e incidentes procesales” y eso es lo que ha retrasado el proceso. Lo que debería prevalecer, señalan los magistrados, es el “interés público” de que una sentencia firme se ejecute “cuanto antes”. Tampoco cree que la edad de Núñez (83 años) o su posible mal estado de salud deba servir para suspender la ejecución de la pena. En cualquier caso, será Instituciones Penitenciarias el organismo que valorará su estado.

La Sección Novena vuelve a cargar, como ya hizo, contra la figura del indulto -“ningún condenado tiene derecho a ser indultado”- y reitera que, en el caso de Núñez, las probabilidades de que el Gobierno le conceda la medida de gracia son “prácticamente nulas”. En materia de corrupción impera la “tolerancia cero”, añade el auto. La “única finalidad” de pedir el indulto es “dilatar aún más la ejecución”. La Fiscalía Anticorrupción también se había opuesto a suspender la pena de prisión de Núñez con el argumento de que existió un perjuicio “elevadísimo” para la Hacienda Pública.