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Las diputaciones rechazan la propuesta de Aburto

Ninguna de las tres Haciendas forales prevé cambios tributarios para pagar la dependencia

El País
La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, este martes en San Sebastián.
La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, este martes en San Sebastián. JAVIER HERNÁNDEZ

Desde la sorpresa de la portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, a la negativa del diputado general de Álava, Javier de Andrés, la propuesta del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, de crear un impuesto para pagar las prestaciones de dependencia no ha sido bien recibida por ninguna de las tres diputaciones vascas. La de Bizkaia acepta que una reflexión para mejorar el sistema de protección social, pero no prevé cambios tributarios a medio plazo.

"Cuando menos nos ha sorprendido las declaraciones de Aburto, cuando es precisamente su partido el que ha planteado una contrarreforma para bajar la presión fiscal", ha señalado Ugarte.  La portavoz ha explicado que Gipuzkoa "es el territorio más avanzado en el tema de la dependencia" y ha recordado que, "después de los recortes que realizó el Gobierno de Madrid, la Diputación ha puesto ya 30 millones" dedicados a este ámbito.

Tras opinar que se trata de un una cuestión de "prioridades políticas",  Ugarte ha mantenido que si las instituciones hablaran "en serio sobre fiscalidad" tendrían "más recursos, tanto para servicios sociales como para otros objetivos" aunque, a su juicio, "con los recursos de que hoy en día dispone el Gobierno Vasco puede destinar más recursos a los servicios sociales". "Por lo tanto, ¿a qué hay que aplicar un recargo?", se ha preguntado.

De Andrés ha sido más tajante. Ha dicho al Gobierno vasco que no cuente con Alava para "pasar la factura a los ciudadanos" de las ayudas a personas dependientes cuando el Ejecutivo autonómico "se niega a mejorar" la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y "a controlar los abusos". El diputado general de Alava ha opinado que "es una paradoja" que Aburto se niegue a hacer una revisión de los servicios sociales de su área, como es el caso de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), pese a haber reconocido que Lanbide ha llevado a cabo pagos indebidos de esta ayuda, y en cambio, "quiere pasar directamente la factura a los ciudadanos" de las ayudas sociales cuando el dinero no le llega.  "Nos sorprende el atrevimiento", ha afirmado, y ha aclarado que la Diputación alavesa tiene la mano tendida para "hablar con el consejero de una mejora de la gestión de los servicios sociales y de de la forma en la que se abona la RGI, así como de quiénes son las personas que la necesitan y qué personas que ahora no tienen ayudas sociales las requerirían".

La Diputación  de Bizkaia no prevé a corto o medio plazo una modificación tributaria "de calado" para afrontar los crecientes gastos en el sistema de dependencia, según ha afirmado su portavoz, Unai Rementería. El portavoz ha precisado que es partidario de impulsar una reflexión sobre el sistema de protección social en Euskadi, ya que "siempre se puede mejorar".

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