El fiscal se opone a la expulsión de la Junta del ‘caso ERE’
Anticorrupción responde a Alaya que el escrito de Manos Limpias carece de base
![Javier Martín-Arroyo](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fbe822ad5-55c4-471f-a6de-f8ffe65744e8.png?auth=11b4c18a3c700fde6547c09f2549e6d80e1874bb354890d63a358496e8f9c883&width=100&height=100&smart=true)
![La juez Mercedes Alaya, en los juzgados de Sevilla.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/BPMQ4JQUZIUQ6RRDTNMUHCJ5NI.jpg?auth=6d11447a6ab814c144efe377249807334e73b0d6981e32ed55222d9fc4ba3107&width=414)
La Fiscalía Anticorrupción se opone a que la Junta sea expulsada como acusación particular del caso ERE, tal y como pidió el pseudosindicato Manos Limpias ante la juez Mercedes Alaya. El ministerio público considera que los argumentos para apartar al Ejecutivo del procedimiento después de casi cuatro años de instrucción carecen de base.
Hace dos semanas la magistrada rescató el escrito de Manos Limpias después de 15 meses —fue presentado en julio de 2013—, la misma mañana que la Junta difundió su escrito para apartar a Alaya de la macrocausa de la formación. Y cuando la juez desempolvó el documento del pseudosindicato, preguntó a las partes para que estas opinaran sobre si es procedente la expulsión de la Junta.
Ahora Anticorrupción se ha pronunciado para desactivar el escrito basándose en dos argumentos. En primer lugar que los letrados de la Junta personados no han demostrado la actitud “totalmente obstruccionista en la investigación de la causa” que había denunciado Manos Limpias. A continuación, el fiscal estima que considerar a la Junta —parte perjudicada— como responsable civil subsidiaria no es procedente, tal y como pedía el pseudosindicato, dado que solo la Administración andaluza resultó perjudicada por el fraude de los ERE, y la investigación judicial no ha acreditado que alguna otra entidad haya sufrido esta supuesta malversación. Es decir, Manos Limpias busca que la Junta responda por los delitos que hayan podido cometer los imputados, y añade que existe una segunda entidad que ha podido ser perjudicado en el caso: el Consorcio de Compensación de Seguros.
Dos semanas después de que Manos Limpias presentara su escrito, a finales de julio de 2013, Alaya ya acusó a la Junta de actuar con una “posición más propia de una defensa que de una acusación particular” al recurrir el auto por el que la juez imputó a 20 altos cargos del Gobierno andaluz, entre ellos la exministra Magdalena Álvarez. Fue uno más de los enfrentamientos entre la juez y el Ejecutivo: “Llama la atención [SU POSICIÓN]por la aireada actitud de colaboración que pregona para sí la Junta de Andalucía”, añadió la juez en dicho auto.
Un año después, el escenario de ahora es parecido, aunque el combate procesal se desarrolla en la macrocausa de la formación. Sin embargo, mientras que el caso ERE está pendiente de la resolución del Tribunal Supremo sobre los cargos aforados, este episodio sobre la expulsión de la Junta debe resolverse en las próximas semanas.
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