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Las peticiones de ayuda para pagar el agua crecen hasta un 50%

El paro y la pobreza multiplican el número de familias que aplazan los recibos

Dos vecinas cogen agua en una fuente de Sevilla. Ampliar foto
Dos vecinas cogen agua en una fuente de Sevilla.

El paro y la pobreza hacen mella en la capacidad de los andaluces para garantizarse los suministros mínimos vitales. Uno de ellos es el agua. Como la gestión de este servicio corresponde a los Ayuntamientos y no existe un regulador común efectivo, establecer una cifra de interrupciones de suministro por impago o de demandas de bonificaciones en la comunidad es casi imposible. Pero la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) calcula que las dificultades para hacer frente a gastos básicos afectan a un 12% de las familias. Algunos municipios ya registran incrementos de cortes por impago o de peticiones de ayuda del 50%.

Los cálculos de la Asociación de Operadores Públicos (Aeopas) para toda España son de unos 300.000 cortes de agua al año por impago. Sin embargo, la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), la más representativa entre las empresas privadas del sector, cree que solo un 0,03% del total de la población requiere ayuda para pagar la factura del agua, es decir, unas 14.000 personas.

Estos datos contrastan con la realidad. En solo dos municipios andaluces como Jerez o El Puerto de Santa María se ha registrado ya un aumento del 50% en los cortes de suministro o en las solicitudes de bonificación para poder pagar. Más de 4.000 personas de estos dos pueblos tienen problemas para abonar la factura, por lo que no parece lógico pensar que en toda España sean solo 14.000 personas. Y más si, como reconoció Àngel Simón, presidente de la empresa privada de aguas Agbar, en una entrevista en el Colegio de Ingenieros de Cataluña, cada mes registran unos 12.000 cortes a usuarios, entre los que se encuentran los de la capital onubense.

En Jerez, el número de personas que se declara incapaz de afrontar el pago del recibo del agua se ha disparado. Hasta 2.897 familias han solicitado al Ayuntamiento bonificaciones del 95% para poder costear la factura. Es un aumento del 52% con respecto a 2013, un repunte progresivo de los últimos años. Según los datos aportados por el Consistorio, unos 1.700 usuarios pidieron en 2013 ayudas económicas; en 2014, la cifra subió a 1.896; y para 2015, las familias que dependen de la Administración local para evitar un corte de suministro de agua aumentan en otro millar.

El gobierno municipal de Jerez privatizó la gestión del agua en abril de 2013 y trata de evitar una oleada de cortes en el suministro por impago como la que ya sufrió la ciudad sólo nueve meses después de externalizar el servicio. En 2014, Aqualia, en solo cuatro días, interrumpió el abastecimiento a más de 200 familias, fundamentalmente de la zona rural. La concesionaria justificaba los cortes aportando dos datos: durante ocho meses se habían renegociado impagos con 6.000 familias y 7.000, en torno al 10% del total, presentaba dificultades para abonar este bien básico.

Emasesa abre puertas al capital privado

La empresa pública de aguas de Sevilla, Emasesa, ha planteado, por ahora solo en alguna comisión ejecutiva, un plan para captar fondos a través de la emisión de bonos. El portavoz socialista en el consejo de administración, el concejal Antonio Muñoz, anunció que preguntará en la próxima reunión de este organismo y advirtió que se opondrán totalmente a cualquier opción que abra la puerta a la privatización de la entidad.

Emasesa pretende captar hasta 100 millones de euros en el conocido como mercado secundario, es decir, entre particulares y empresas que quieran comprar los bonos de la entidad municipal a cambio de un 4% de interés durante doce años.

Muñoz advirtió que, por el momento, no ha llegado esta propuesta al consejo, pero se mostró contrario a cualquier medida que suponga “un camino a la privatización”.

En este sentido, afirmó que la crisis está sirviendo de coartada para vender empresas públicas que no ganan en eficacia y por el contrario pierden su carácter social. Afirmó que una privatización, a la que se opondrán frontalmente, “supondrá aumento de precios y una reducción de bonificaciones a familias necesitadas”. Además, rechazó que se adopte una medida ahora, antes de las elecciones, que marcará los siguientes mandatos de quien llegue a la alcaldía.

Por su parte, la empresa de aguas defiende que la emisión de bonos es una medida que preserva el carácter público de la sociedad.

Muñoz advierte que es una práctica común que los bonos sean convertibles en acciones, por lo que “se daría cabida al capital privado, cuyos objetivos son el beneficio y no la gestión de un bien social tan sensible como el agua”.

Para la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo (PP), el notable aumento de personas sin capacidad para abonar el agua obedece a que la ciudadanía está “más informada” de las ayudas públicas que se le ofrecen. “Sinceramente creo que es porque hay una mejor información”, apuntó por dos veces la regidora de Jerez, una ciudad que soporta una tasa de paro superior al 40%.

En los últimos años el recibo también se ha encarecido. Desde que el gobierno local privatizó el agua, la factura ha subido casi un 8%, un 3,4% de incremento por la actualización al IPC en 2013, otro 0,3% por el mismo concepto en 2014 y un 4% más vinculado solo a la externalización y es que con la gestión indirecta se aplica al recibo el 10% del IVA en los servicios de depuración y alcantarillado, tasas que están exentas de este impuesto si la explotación es pública. Por el contrario, para 2015 se anuncia una bajada del 0,20 por el descenso del IPC. En El Puerto de Santa María, según los datos de la plataforma contra la privatización, en 2013 se efectuaron 21.000 avisos de cortes, unos 1.750 al mes dirigidos al 8% de los contadores contratados. El pasado año, la cifra de cortes de agua se elevó a 1.037 y en los primeros nueve meses de este año ya llegan casi a 1.200, según los datos del mismo grupo. De mantenerse esta media, el año cerrará con un aumento del 49% en interrupciones de suministro con respecto al 2013.