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El PP intenta apartar a Castedo antes de la visita del Rey a Alicante

Una iniciativa contra la corrupción en el pleno pone a prueba la solidez del grupo municipal

Alberto Fabra conversa con la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, durante la inauguración de la jornada de emprendedores. Ampliar foto
Alberto Fabra conversa con la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, durante la inauguración de la jornada de emprendedores. EFE

El PP redobló ayer su presión sobre la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, para impedir que la regidora, imputada en dos causas judiciales por corrupción, llegue a coincidir la semana próxima con el Rey Felipe VI o el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en los actos oficiales del Congreso Nacional de la Empresa Familiar que se celebra en Alicante.

El presidente de la Generalitat y del PP regional, Alberto Fabra, admitió la incomodidad que supondría que las primeras autoridades del Estado aparezcan en una fotografía junto a la alcaldesa imputada. “Seguro que sí se producirá [una situación incómoda] porque esta situación no es agradable para nadie”, admitió el jefe del Consell, que acudirá a la sesión inaugural. Una situación que en Génova es vista con temor.

Sin embargo, la situación de la alcaldesa de Alicante, imputada por cinco delitos en dos casos de presunta corrupción, está enquistada. El Partido Popular es incapaz de tomar una decisión para apartarla pese a que sus dirigentes le han comunicado a Sonia Castedo que su situación jurídica le impide que vaya en las listas electorales para mayo de 2015. La inacción del PP valenciano respecto a la figura de Castedo, que ignora una y otra vez los dardos que le envían desde su formación, evidencia que Fabra está esperando a que sea Madrid la que exhorte a la alcaldesa para que se aparte del cargo, pero Madrid no lo ve así.

“Si se produce una circunstancia adicional a lo que está sucediendo en estos momentos”, explicó ayer Fabra, “pensaríamos qué tenemos que hacer para ser más contundentes”. Las circunstancias adicionales para Fabra son “conversaciones vergonzantes” o “actuaciones inadecuadas para un cargo público”, pero todo eso ya ocurrió.

Hace meses que las escuchas y el informe policial del caso Brugal retrataron a la regidora en situaciones que le han valido las imputaciones por tráfico de influencias y prevaricación, entre varios delitos. El miércoles el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió que el PP se había deshecho de los imputados, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, le contestó que Castedo aún sigue en su puesto. En Madrid quieren a Castedo fuera, pero tampoco dan el paso: “Eso le corresponde al PP de Valencia y a su estructura territorial”, incidió ayer el portavoz adjunto en el Congreso, Rafael Hernando.

Hoy, la alcaldesa afronta un pleno municipal en el que se votará una declaración institucional de UPyD para instar a los partidos a que no incluyan en las listas electorales a ningún imputado en procesos de corrupción o por delitos de terrorismo. La declaración es la misma que aprobó hace una semana el PP de la provincia de Alicante. Si el grupo municipal del PP vota a favor, como ha pedido la dirección provincial, se estará recriminando la actitud de la alcaldesa. Si votan en contra, los ediles estarán contraviniendo la instrucción de la dirección del PP. Y si se dividen mostrarán la debilidad de Castedo.

Para algunos, la votación es casi un jaque a la reina: si Castedo vota deberá posicionarse contra el PP o admitir su derrota; si se ausenta, mostrará su soledad.

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