Guardias civiles, ante el fiscal por multar a preferentistas

La fiscalía de Vigo tiene previsto llamar a declarar a los agentes de la Guardia Civil que sancionaron a preferentistas por supuestas infracciones de tráfico que cometieron en junio de 2013 en el municipio de O Rosal, en una de las épocas de mayor fragor en la protesta de la plataforma de afectados de la comarca de Baixo Miño ante el consistorio local. Las citaciones responden, según han confirmado fuentes de la fiscalía viguesa, a las diligencias abiertas este verano a raíz de una denuncia de 14 afectados de O Rosal y Tui que señalaron las sorprendentes circunstancias de aquellas actas, en las que se consignaron infracciones tales como tocar la bocina del coche “sin motivo reglamentariamente admitido” o llevar el cinturón de seguridad mal abrochado en el entorno de la plaza de O Calvario, junto a la casa consistorial. Los afectados abroncaban sistemáticamente por aquel entonces cada vez que entraba o salía del edificio al alcalde, Jesús María Fernández Portela, para reclamarle un mayor compromiso del Partido Popular en la solución a la estafa. O Rosal fue conocido como la zona cero de las preferentes en Galicia debido al gran número de afectados por la venta de esos productos.

La denuncia señalaba varias incoherencias de aquellas sanciones, desde que se encargase la Guardia Civil de imponerlas —O Rosal dispone de policía municipal— a que hubiese sancionados que lo fueron doblemente por los mismos hechos o que uno de los multados no se encontrase el día referido en la concentración de protesta.

El escrito de los afectados pedía que se investigasen también otros 13 expedientes sancionadores a preferentistas instados por la policía local de Tui por armar barullo durante un pleno municipal de mayo del año pasado y que, según los afectados, apoyados por al menos un edil de la corporación, obedecieron a una orden previa del alcalde, el popular Moisés Rodríguez. Los preferentistas referían en la denuncia su impresión de que el aluvión de multas que empezaron a recibir en el primer semestre de 2013 respondió a una “estrategia de coacción” que coincidió con la imposición de la quita en sus ahorros dictada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a instancias de la Comisión Europea.

Las reclamaciones de los preferentistas recibieron finalmente respuesta con la compra de Novagalicia Banco (hoy Abanca) por Banesco, entidad que fue devolviendo sus ahorros a la gran mayoría de los afectados. Las multas, sin embargo, siguieron en varios casos el trámite administrativo sin que la Subdelegación del Gobierno las revocase y enfilan estos días el camino hacia los juzgados de lo contencioso-administrativo. La plataforma de Baixo Miño tuvo que organizar colectas para hacer frente a las tasas judiciales, que, según sus cálculos, sumaron más de 10.000 euros.