Los regantes se unen para pedir rebajas en las tarifas eléctricas

Todo el sector agrario andaluz ha respaldado la iniciativa legislativa que el PSOE ha presentado en la Cámara autonómica y que se remitirá al Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno central una rebaja de las tarifas eléctricas a los regantes. Los costes de electricidad suponen ahora el 40% de los gastos de explotación del potente sector del regadío andaluz, un porcentaje que pone en peligro la viabilidad de muchas explotaciones.

La propuesta andaluza pasa porque los regantes paguen por lo que consumen y no por la potencia instalada durante todo el año. El portavoz del grupo parlamentario socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, dijo tras reunirse con Asaja, COAG y UPA, que la Cámara andaluza va a remitir al Congreso de los Diputados un proyecto de ley para que cambien las tarifas eléctricas a los regantes. Además, se pide al Gobierno modificar el IVA para que la agricultura tenga un tipo reducido atendiendo a la elevada contratación del sector agrario.

El frente andaluz ante el Gobierno central llega en un momento en el que los regantes andaluces se han rebelado ante las tarifas y cánones para 2015, que entienden que tendrán una subida media del 40%. Feragua, la principal federación andaluza de regantes, ha anunciado un recurso contra estas tarifas, donde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) va a repercutir a los regantes una parte importante de los cánones de 2011 que la Agencia Andaluza del Agua no pudo liquidar por decisión judicial, al no tener la competencia para ello. “No es de recibo que se traslade a los usuarios lo que en realidad son los platos rotos del fracasado traspaso de competencias a la Junta de Andalucía”, indicó la presidenta de Feragua, Margarita Bustamante. También la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, ha pedido otras alternativas a la CHG: “Los regantes no están para soportar más carga de impuestos, se debería estudiar alguna medida para aplazar el canon de 2011”.

A juicio de Feragua, si al incremento medio de cánones y tarifas en 2015 del 40%, se añade el canon para financiar las inversiones de la Breña II y Arenoso, la subida desde que la CHG recuperó las competencias del Guadalquivir en 2011 se eleva por encima del 60%. Bustamante ha considerado “escandaloso e impresentable” que el Gobierno no haya resuelto aún el actual contrato de explotación de estos embalses con una sociedad estatal “que sólo hace de intermediaria y encarece artificialmente los costes que soportan los regantes”. La propuesta de Feragua, respaldada por usuarios e industriales, plantea que estos embalses pasen a ser explotados directamente por la CHG, una medida que creen que supondría un ahorro superior al 33%, También cree que una gestión directa por parte de la CHG permitiría no sólo reducir el canon a una tercera parte, sino ampliar el periodo de amortización de 25 a 50 años, como ocurre en todas las presas estatales.

Desde la CHG se argumenta que el canon de regulación propuesto a los regantes del Guadalquivir para el año 2015 se ha estipulado en 76,61 euros por hectárea, un 7% menos respecto al canon girado durante el 2014, que ascendía a 80,27 euros por hectárea. Pero admiten que el incremento al que aluden las organizaciones agrarias se debe a que se ha visto obligado a girar el canon correspondiente al ejercicio 2011, ya que éste no fue cobrado entonces por la Junta a causa del traspaso competencial. Un canon que, para los regantes pertenecientes al Sistema de Regulación General en 2011, es de 26,09 euros por hectárea. De este modo, la suma de las dos anualidades asciende a 102 euros por hectárea al computarse dos ejercicios. No obstante, la propuesta de tarifas de 2015 se encuentra en fase de información pública hasta hoy, plazo hasta el que se pueden presentar las alegaciones.

En medio de esta batalla por las tarifas en el regadío, los ministerios de Agricultura y de Hacienda anunciaron la semana pasada que introducirán en la reforma fiscal una exención del 85% del impuesto especial de la electricidad para los regantes y un ajuste en el régimen de módulos para compensar el incremento de costes por la nueva tarificación. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, cuantifica su impacto en 55 millones al año en España, unos 650 euros por explotación. Los cambios en el régimen de módulos tendrán efectos este año, mientras que la exención del impuesto especial será, en 2015.

Sin embargo, la patronal de los regantes, Fenacore, aunque valora estas medidas, las considera “completamente insuficientes” y cree necesarias otras como un IVA reducido, contrato flexible y adaptado al consumo y otras fiscales que beneficien a todos los regantes y no solo a los agricultores que tributan por módulos.