Alaya repudia a la policía en los cursos de formación

La juez Mercedes Alaya ha dado un paso más en su intento de acaparar la investigación sobre las supuestas irregularidades en los cursos de formación de Andalucía. La magistrada ha dictado un auto en el que exige a la policía que deje de investigar este caso para que sea la Guardia Civil la que lleve en solitario las pesquisas. Esta decisión compromete al Ministerio del Interior, ya que la juez sostiene que la policía “pone en peligro” su instrucción al “invadir ilegítimamente parcelas de la investigación que le son ajenas”. Alaya toma esta decisión cuando aún está entredicho si es competente para seguir con la macrocausa de la formación. 18 juzgados andaluces, incluido el de Alaya, están investigando irregularidades en los cursos y la policía lleva la mayoría de las pesquisas.

La forma de instruir de Alaya siempre ha estado rodeada de polémica, sobre todo en el caso de los ERE, donde ha tenido fuertes enfrentamientos con las defensas y con los fiscales anticorrupción, pero en las últimas semanas el ruido en torno a su actuación se ha intensificado.

El testigo estrella de la instructora, el funcionario de la Junta Teodoro Montes, declaró hace ocho días que el año pasado acudió al juzgado de Alaya a presentar la denuncia sobre los cursos de formación y que allí le dijeron que fuera a la Guardia Civil, cuerpo de confianza de la magistrada y ante el que testificó en agosto de 2013. Posteriormente, la Guardia Civil remitió la denuncia de Montes a la juez, que abrió diligencias sobre los cursos en marzo de este año. Estos hechos podrían quebrar el principio de juez natural porque la denuncia del funcionario debería haber ido a reparto de los juzgados de Sevilla.

Alaya vinculó esta denuncia de Montes con el caso de los ERE, algo que no tenía encaje, por lo que esta semana maniobró y dijo que esta conexión había sido un “error” y que la macrocausa de la formación estaba derivada en realidad de otra pieza separada del fraude de los expedientes de regulación de empleo que sí estaba relacionada con los cursos de formación.

La juez dice que la UDEF invade “ilegítimamente” su investigación

Alaya, que ya apartó a la policía del caso de los ERE por desconfiar de su investigación y entregó las pesquisas a la Guardia Civil, ha pedido al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, que la Unidad de Delincuencia y Fiscal (UDEF) el cese “de inmediato” en su actividad y que le entregue todas las actuaciones que ha realizado hasta el momento. La policía está tomando declaración desde hace semanas a centenares de testigos, la mayoría alumnos y profesores de cursos de formación, en todas las provincias de Andalucía. Alaya ya había reclamado las causas abiertas a los demás juzgados de la comunidad que investigan los cursos. Dos juzgados de Cádiz se inhibieron ante la reclamación de la juez, aunque la Audiencia de esta provincia está analizando un recurso contra esta decisión. Pero otro juzgado de Málaga se negó a enviarle a Alaya sus investigaciones sobre las irregularidades en esta provincia. La idea de la juez es hacer otra macrocausa similar a la de los ERE, iniciativa a la que se oponen los fiscales andaluces.

Para justificar su decisión de apartar a la policía, la juez argumenta que la Guardia Civil le ha manifestado su “gran inquietud” por el éxito de la investigación. Y para ello esgrime la detención en agosto del exconsejero andaluz y empresario Ángel Ojeda que efectuó la policía. La UDEF llevaba meses investigando a Ojeda por las ayudas millonarias que recibieron sus empresas de la Junta y el Gobierno central, y lo detuvo en su domicilio de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), aunque posteriormente quedó en libertad con cargos. Alaya aduce que esta detención tuvo “consecuencias indeseables de pérdida de oportunidad, de dispersión de documentación y de actuación inadecuada difícilmente recuperable”.

Fuentes de la fiscalía dudaron de la legalidad de la actuación de Alaya. “La descalificación genérica de la policía no tiene ningún sentido. Máxime cuando la policía, al iniciar las pesquisas hace casi dos años, no interfirió en su investigación porque esta no existía”. Ante el desprecio a la policía, los sindicatos mostraron su indignación. “Si retiramos a la UDEF es tiempo e investigación que se pierde, pero sobre todo eficacia, al ser el primer cuerpo policial que comenzó el trabajo. En segundo lugar, la juez se está saltando la ley que establece la distribución de competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Alaya no es quien para distribuir las competencias policiales, sino la ley. Y esta dispone que la policía investiga en territorio urbano”, lamenta el portavoz nacional del sindicato UFP, Serafín Giraldo.

La instructora pretende que solo la Guardia Civil lleve las pesquisas

Además, la juez dictó otro polémico auto en el que amenaza con actuar contra los medios de comunicación por un delito de desobediencia a la autoridad judicial si siguen publicando fotografías de Teodoro Montes, el funcionario de la Junta de Andalucía que denunció las supuestas irregularidades con los cursos y al que la magistrada ha otorgado la condición de testigo protegido.

Montes ha declarado siete días ante Alaya y ha incurrido en contradicciones (aseguró que la patronal andaluza cobraba comisiones aunque luego se desdijo), ha reconocido que ha firmado cursos de formación con irregularidades y ha imputado delitos a sus superiores en la Junta y otras entidades. La juez ordena a la Guardia Civil que impida que se tomen más imágenes o fotografías de Montes, “debiéndose proceder a retirar el material fotográfico, cinematográfico, videográfico o de cualquier otro tipo quien contraviniere esta prohibición”.

En este sentido, la Asociación de la Prensa de Sevilla ha mostrado este viernes su "crítica y disconformidad" con la decisión de Alaya. "La medida coarta la libertad de prensa recogida en la norma de rango máximo que es la Constitución Española", ha señalado. El colectivo también considera que la medida de la juez llega tarde y es "ineficaz" ya que todos los datos personales de Montes figuran en todos los documentos de sus declaraciones que la propia juez ha entregado a las partes. "Los profesionales de la comunicación rechazamos que se nos instrumentalice tanto para ejercer supuestamente presiones sobre un testigo, como para limitar el derecho a la defensa de aquellas personas que consideren vulnerada su integridad moral por unas declaraciones testificales. En ningún caso, la solución nos parece que deba ser cortarle las alas a la prensa. El mensajero no puede ser siempre el culpable", critica la asociación en un comunicado de prensa.