El juez imputa a los dos últimos exsecretarios generales de UGT

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, que investiga el posible fraude en el uso de subvenciones a UGT en Andalucía mediante facturas falsas ha imputado en la causa a los dos últimos ex secretarios generales del sindicato, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla.

El juez, con esta decisión, ha atendido la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y ha citado a declarar a ambos el próximo mes de noviembre.

El ministerio público pidió el pasado día 6 la imputación de ambos exaltos cargos del sindicato dada su participación "directa" en las actividades investigadas, la supuesta “financiación ilícita del sindicato”. Pastrana, exdirigente de UGT Andalucía durante 15 años, y su número dos y sucesor durante seis meses de 2013, según la investigación,  “eran conocedores" y "tomaron decisiones en relación con los hechos (…).

El pasado junio fueron detenidas 16 personas. Tras esta actuación, la fiscalía ha pedido la imputación de ambos dirigentes, a quienes responsabiliza de la creación de la central de compras. Basándose en las declaraciones de los exresponsables del departamento de Administración, el fiscal detalla que esta figura derivó en una  financiación irregular por la que, "prácticamente, casi todos los gastos estructurales de la organización eran financiados con los fondos destinados a subvenciones para la formación. Tan solo un porcentaje muy residual, injustificables per se y codificados con los dígitos 91, no se sufragaban de tal forma".

El fiscal recuerda la aplicación de “rapeles”, un porcentaje en las compras del sindicato a un proveedor que se destinaba a las cuentas del sindicato. “Ante la Administración, el sindicato presentaba la factura sin incluir ese descuento, lucrándose así en el exceso y falseando las justificaciones que presentaban a la Administración”. Desde la comisión ejecutiva se decidía en qué porcentajes iban estos fondos hacia la estructura regional y las uniones provinciales, según el fiscal.

Otro aspecto clave fue el llamado bote: “Mediante esta figura el sindicato encargaba la elaboración de facturas simuladas, que sin responder a realidad o negocio jurídico alguno, pasaba a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con terceros, y siempre previo pago de esas facturas”. El sindicato pagó sus gastos corrientes con fondos destinados a la formación gracias a la retención del 20% de las subvenciones de la Junta, según el escrito del fiscal.