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La Xunta solo ahorrará un 17% por renunciar al 35% de la vía a Fisterra

Anular 15 de los 42 kilómetros rebaja apenas 128 de los 745 millones que costaba

Máquinas paradas en las obras de la Autovía da Costa da Morte
Máquinas paradas en las obras de la Autovía da Costa da Morte

En mayo de 2011, la Xunta adjudicó la construcción de los 42 kilómetros de la Autovía da Costa da Morte y su mantenimiento durante 25 años por 745 millones de euros a pagar en cuotas anuales hasta 2036. Pese a que tres años después la concesionaria aún no ha logrado financiación para hacer la obra, el Gobierno gallego ha optado por adaptarle el contrato en lugar de rescindirlo. La empresa ya no tendrá que acabar 15 kilómetros, el 35% de la vía, pero a cambio la Xunta solo se ahorrará 128 millones, el 17% del total que pensaba pagar.

 La autovía hacia Fisterra fue prometida tras la catástrofe del Prestige, en 2002. Su construcción física ronda los 200 millones de euros, pero tanto el bipartito PSdeG-BNG como el actual Gobierno del PP optaron por acometerla a través de un sistema de pago aplazado, por lo que a esa cantidad hay que añadirle intereses y mantenimiento de la vía durante varias décadas. En 2008, el bipartito adjudicó a Ferrovial y Taboada y Ramos por 584 millones su ejecución con características técnicas inferiores a las actuales y mantenimiento durante 30 años, pero al poco de comenzar los trabajos la unión de empresas comunicó su imposibilidad de lograr la financiación necesaria. La Xunta comenzó entonces una negociación con la adjudicataria que el PP paralizó en cuanto recuperó el Gobierno, en 2009. “Nos veíamos obligados a rescindir el contrato de la anterior empresa porque no pudo acreditar la capacidad económico-financiera para asumir la obra”, argumentó Feijóo el 26 de noviembre de aquel año, cuando autorizó licitar la infraestructura por segunda vez, entonces con un periodo concesional de 25 años y ya como autovía de cuatro carriles desde un primer momento.

La oferta mejor valorada en ese segundo proceso resultó ser la más cara, de 979 millones, por lo que el PSdeG denunció un sobrecoste de 395 millones con respecto a la adjudicación del bipartito. El escándalo se saldó con una denuncia judicial luego retirada de otra de las empresas candidatas, la destitución de la entonces directora de Infraestruturas y la convocatoria de un tercer concurso con un sistema distinto de cálculo del canon anual a pagar. Se lo llevó finalmente en mayo de 2011, por 745 millones, una unión de empresas liderada al 40% por Copasa y con un 20% respectivamente de Covsa, CRC Obras y Servicios, y Taboada y Ramos, esta última presente ya en la adjudicación del bipartito.

Entre las condiciones de esa tercera licitación estaba la de que la adjudicataria no tendría derecho a cobrar nada hasta “la entrada en servicio de la totalidad de la autovía”. Pero a estas alturas la concesionaria solo ha ejecutado el 17% de la obra en el primer tramo y el 19% en el segundo. Al permitirle la Xunta que no acabe los últimos 15 kilómetros, algo más del 35% de la infraestructura, la empresa tendrá más fácil poner en servicio la obra y comenzar a cobrar. A cambio, según las estimaciones de la Consellería de Medio Ambiente e Infraestruturas, la Xunta se ahorrará 128 millones de euros en el total a pagar a la concesionaria hasta 2036, el 17% de los 745 millones. El Gobierno gallego argumenta que esa diferencia entre lo que no se construye y lo que se ahorra se debe a la distinta complejidad de los tramos, a que hay costes fijos que no se pueden reducir y a que se debe pagar igualmente a la empresa las obras ya ejecutadas en el segundo tramo que no finalizará.

En plena polémica por el sobrecoste en la segunda licitación, en junio de 2010, Feijóo insistía en una entrevista en la Radio Galega en defender lo adecuado de su decisión de rescindir el primer contrato del bipartito ya que a aquella concesionaria “no le daban las cuentas y propuso hacer un 60% autovía y un 40% carretera”, subrayando que “no podía hacer” la obra “en las condiciones en las que fue adjudicada”. Ahora, sin embargo, la Xunta permitirá que la concesionaria ejecute solo el 65% de lo comprometido. El Gobierno gallego justifica que esa decisión es “técnicamente viable y jurídicamente correcta” y argumenta que la situación en 2009 era “muy distinta” porque entonces la obra apenas había comenzado —hubo que indemnizar a la anterior adjudicataria solo con cuatro millones— mientras que la actual concesionaria ya ha invertido en todo el trazado 40 millones de euros que habría que pagarle inmediatamente si se vuelve a anular el contrato.

El tráfico cae un 10% desde 2008

Cuando el bipartito licitó por primera vez la Autovía da Costa da Morte, en 2008, como una continuación hacia Fisterra de la autopista AG-55 A Coruña-Carballo, en el tramo final de esa última vía circulaban una media de 11.615 vehículos diarios, cifra que el pasado año cayó un 21,2%, hasta 9.151. No todos esos coches continúan viaje desde Carballo hacia Berdoias, en el municipio de Vimianzo, hasta el que estaba previsto que llegase la nueva autovía. Y a su vez hay tráficos de corto recorrido que se mueven solo en ese ámbito intermedio. La cifra registrada en 2008 en la carretera convencional AC-552 a la entrada de Berdoias era de 7.963 vehículos diarios, que el pasado año había caído un 10,4%, hasta 7.136.

Ni las cifras de 2008 ni las actuales suponen ningún récord de tráfico si se las compara con otras carreteras de toda Galicia. Como comparación, por el puente de Rande, entre Vigo y O Morrazo, hace años que circulan unos 50.000 vehículos al día, pero aún ahora comenzarán sus obras de ampliación. En el extremo contrario, Fomento planifica una autovía de Monforte a Chantada como desdoblamiento de un corredor por el que circulan apenas 3.000 coches al día.

Pese a que el tráfico en la zona no es excesivo, su lentitud y la sucesión de travesías PP, PSOE y BNG siempre han justificado la necesidad de la autovía para articular una de las comarcas peor comunicadas y menos desarrolladas de Galicia. De hecho, cuando en 2009 Feijóo anunció la autorización para licitar la autovía entre Carballo y Berdoias, él mismo prometió que en el momento en que se finalizase la Xunta construiría también “una autovía desde Santiago”. Ayer, ante el recorte que sufrirá la primera autovía, la diputada socialista Marisol Soneira criticó que “en claro fraude de ley, el presidente modifica las condiciones de adjudicación y condena a la Costa da Morte”.