El Consell ha pagado 1.500 facturas al día con fondos de libre disposición

Lo argumentó la consejera portavoz, María José Català, tras el último pleno del Consell para justificar la decisión de recurrir ante el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que obliga a entregar a la Coalició Compromís los gastos de caja fija desde el año 2006. “Afecta a unos tres millones de facturas”, alegó Català para ilustrar la dificultad de entregar a la diputada Mònica Oltra lo que la sentencia dicta. Y el diputado socialista Rafael Rubio ha hecho los números. Más de 1.500 facturas, concretamente 1.506, ha pagado cada día laborable de media, desde 2006, la Generalitat con cargo a un mecanismo como la caja fija, destinado a gastos extrapresupuestarios de poca cuantía, dietas, locomoción y material. Unos gastos que solo se controlan a posteriorien condiciones denunciadas en sus informes por la Sindicatura de Comptes.

Según la Cuenta General de la Generalitat, la caja fija habría supuesto entre 2006 y 2013 un gasto de 1.152 millones de euros (en 2008 alcanzó el tope, con 190 millones, y en 2013 el mínimo, con 82,7 millones). Sin embargo, la normativa, a diferencia de lo que ocurría en el periodo socialista, —cuando se limitaba a un máximo del 7%—, permite destinar el 12% del capítulo 2 del presupuesto, es decir, del gasto ordinario, a esos pagos de libre disposición, lo que abre la horquilla a un gasto potencial de 2.189 millones hasta 2013, o a 2.530 millones si se incluye el vigente presupuesto de 2014. Unas cantidades importantes que no se sabe hasta qué punto se han alcanzado en la práctica. “La caja fija se ha estado utilizando como un elemento de gasto de no sabemos qué cosas”, señala Rubio, al recordar tanto los ejemplos concretos de mala utilización que se han conocido hasta ahora como las reticencias del Consell a entregar, ya no las facturas, sino los expedientes de gasto y las listas de movimientos.

Los socialistas pidieron el pasado 3 de octubre en las Cortes Valencianas la relación de gastos de caja fija de Presidencia de la Generalitat de 16 meses. “Tenemos legítimo derecho a preguntar qué se ha hecho con esos fondos”, comenta el parlamentario. “Es muchísimo dinero para estar oculto”. Y no vale, según Rubio, la razón expuesta ante la sentencia ganada por Compromís para no facilitar los datos: “Nosotros no hemos pedido las facturas; hemos pedido los expedientes, donde conste el concepto, la cuantía y el proveedor”.

“La lista la tienen”, insiste el diputado del PSPV-PSOE, que ha seguido especialmente los gastos de caja fija relacionados con el presidente de la Generalitat y en un pleno reciente preguntaba al vicepresidente José Ciscar si se ha pagado la limpieza del domicilio privado de Alberto Fabra con cargo a ese mecanismo, sin obtener una respuesta clara. “Llevamos mucho tiempo detrás de esa información”, se queja Rubio. La oposición sospecha que lo que se ha hecho con la caja fija equivale, según la imagen empleada por Mònica Oltra en la última sesión de control al jefe del Consell, a lo que ocurrió en Caja Madrid con las tarjetas black, usadas para gastos de consejeros de la entidad de forma opaca y sin control.

La Sindicatura indica en sus informes que no puede fiscalizar la caja fija en conjunto

La Sindicatura de Comptes ha reiterado la imposibilidad de fiscalizar el conjunto del gasto a través de los centenares de cajas fijas que funcionan en distintos departamentos de la Generalitat porque el Consell no aporta datos de los perceptores de los mismos. La Sindicatura se ha limitado, por ello, en sus informes a hacer un muestreo de facturas concretas.

Las sospechas de un uso irregular de la caja fija se alimentan con bastantes ejemplos. Por el informe de control financiero de la propia Intervención de la Generalitat se sabe que en 2012 el hospital La Fe fraccionó contratos en el pago de suministros “para los que no está previsto el mecanismo de caja fija”. El propio Rubio denunció hace un año que se habían pagado con cargo a la caja fija la indumentaria del personal de ambulancias e incluso una parte de los urinarios portátiles instalados para la visita del Papa a Valencia en 2006. Cargos de la Generalitat pagaron compras de supermercado con esos fondos y el comedor del Palau de la Generalitat recibió suministros por 18.770 euros en 2012 por ese procedimiento. En la época de Juan Cotino como consejero de Medio Ambiente, se pagaron así viajes del titular del departamento y envíos de regalos. También un informe de un bufete de abogados, que se fraccionó en dos pagos de 11.334 y 10.918 euros, fue cargado a la caja fija.