Navalcarnero, multado con 30.000 euros por las obras en sus cuevas

La Dirección General de Patrimonio Histórico, ha multado al Ayuntamiento de Navalcarnero con 30.000 euros por una infracción administrativa de carácter leve por su actuación en las cuevas de la plaza de Segovia. El pasado febrero los vecinos denunciaron grietas en la plaza mayor de la localidad, debido a que el consistorio había decidido crear una red de galerías subterráneas con el propósito de usarlas como atractivo turístico. La sanción llega por no haber solicitado autorización previa antes de realizar las tareas de rehabilitación y acondicionamiento de estos habitáculos, según han explicado en un comunicado del Consistorio.

El entramado se construyó uniendo entre sí las cuevas típicas del pueblo, fresqueras privadas que los vecinos oradaban para conservar los alimentos. El alcalde, Baltasar Santos (PP), alegaba que las galerías subterráneas tenían una antigüedad de 350 años, mientras los técnicos aseguraban que tal construcción no existía hace 10 años.

La multa ha bajado de la sanción máxima de un millón de euros a los 30.000 finales. Por eso, el alcalde de la localidad, Baltasar Santos (PP), ha recibido con satisfacción la noticia de la infracción de carácter leve, y ha señalado que "toda esa polémica artificial orquestada en torno a las cuevas por parte de ciertos grupos interesados y algunos medios de comunicación afines queda desmontada con esta resolución". Además, el regidor ha anunciado la próxima apertura de las cuevas al público, para lo que se han realizado labores de desescombrado, limpieza y refuerzo mediante la construcción de arcos de ladrillo.

El gobierno de Navalcarnero ha explicado en sus alegaciones que la declaración de la plaza de Segovia como Bien de Interés Cultural (BIC) en el ámbito de Conjunto Histórico, según el decreto 266 de fecha 14 de diciembre de 2000, no incluía, a su entender, las cuevas dentro de su ámbito de aplicación, y por lo tanto, "actuar en ellas no requería solicitud de autorización". Sin embargo, el Ejecutivo regional se acoge a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 3/2013 de 18 de junio de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, por la cual las cuevas-bodega estarían sujetas a las normas de protección arqueológica.