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Dos alcaldes de Orihuela serán procesados por la basura

José Manuel Medina y Mónica Lorente están acusados de supuestas ilegalidades en la adjudicación del servicio de recogida

Los dos últimos alcaldes del Partido Popular de Orihuela, José Manuel Medina y Mónica Lorente, serán procesados por supuestas ilegalidades en la adjudicación del servicio de recogida de basuras de la capital de La Vega Baja. La juez Rosa Villegas, titular interina del número 3 de Orihuela, ha acordado además procesar a un total de 35 personas por este caso que, además, fue el disparo de salida de la mayor investigación que se recuerda en Alicante, el caso Brugal.

Tras siete años de instrucción y 112 autos judiciales autorizando escuchas policiales, Lorente y Medina serán procesados junto a los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, presuntos beneficiarios de la mayor parte de las supuestas irregularidades que entre 2006 y 2010 descubrió la Policía durante la investigación que dio para la apertura de una veintena de causas.

Ángel Fenoll, condenado recientemente a más de 30 años por fraude fiscal, ordenó grabar a políticos locales sin su consentimiento. Su empresa Colsur disfrutaba desde 1992 de la recogida de basuras de este municipio de 90.000 habitantes con carácter provisional. En 2005, el Ayuntamiento dirigido por Medina planteó un nuevo concurso y Fenoll, que sospechaba que la empresa Urbaser iba a sobornar a un político para hacerse con la contrata, acabó presionándole con las grabaciones que tenía. En 2007 consiguió suspender la adjudicación.

Exculpados

Ese fue el año que Mónica Lorente, hoy concejal y diputada provincial, entró como alcaldesa. El auto dice que fue determinante para autorizar nuevos pagos a Fenoll, pese a los reparos del interventor, y mantener provisionalmente la contrata hasta adjudicársela en septiembre de 2008. La juez la acusa de posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación y fraude administrativo. A Medina le atribuye estos dos últimos y cohecho.

El auto judicial también aprecia delitos de negociación prohibida y coacciones. La juez da 10 días para apelar e interponer recurso de reforma, así como 30 días hábiles para que fiscal y partes acusadoras pidan el sobreseimiento o la apertura del juicio oral. Villegas ha sobreseído a dos concejales del PP, David Costa, Araceli Vilella y Antonio Francoandreu, así como a Laura Boyer. La juez les considera “hombres de paja” en esta causa, la primera en cerrar su instrucción de las cuatro grandes piezas del caso Brugal.