El Consell recurre la anulación del copago para no devolver el dinero

La anulación del decreto que impone el copago a los usuarios de centros públicos de discapacidad ha trastocado los planes de la Consejería de Bienestar Social, que pretendía recaudar con él 4,4 millones de euros en 2014. Su titular, Asunción Sánchez-Zaplana, reiteró ayer que el Consell corregirá la normativa para cumplir lo que les exige la sentencia, pero también la recurrirá y no se devolverá a las familias el dinero cobrado hasta ahora bajo una forma jurídica que los jueces han considerado nula.

La publicación del decreto del copago en agosto de 2013 levantó ampollas en el sector porque muchos centros no querían ser los recaudadores ni enfrentarse con las familias que no pudieran hacer frente a las cuotas. La Consejería de Bienestar Social planteó el copago bajo la denominación de precios públicos para permitir que el dinero llegara de forma directa a los centros, sin pasar por las arcas públicas, para su financiación, que solía complicarse por los retrasos de la Generalitat en pagar las subvenciones.

Fuentes de la consejería reconocían ayer que el recurso que va a presentarse podría tardar varios años en resolverse, lo que da margen de maniobra para decidir qué hacer en caso de que se perdiese. En una conversación informal con la prensa, estas mismas fuentes reconocían que la anulación del decreto ha dejado a la consejería en una posición complicada frente al sector porque, de no recurrirse la sentencia, habría que tomar ahora una decisión sobre si devolver a las familias un dinero, cuya cuantía total no se precisó, y que los centros han estado utilizando para sufragar su funcionamiento.

Pese a anunciar que la sentencia será recurrida, la titular de Bienestar Social explicó ayer que se establecerá por ley el sistema de cobro por tasas, en lugar de por precios públicos, desde el 1 de enero de 2015. El sistema, que será progresivo y tendrá en cuenta la capacidad económica de los usuarios, se aplicará tanto a discapacitados como a dependientes, cuyo copago se rige por la orden 21/2012 y no por el decreto anulado. Así, será la Administración quien cobre y redistribuya una recaudación que Bienestar Social asegura que será menor que la actual por la decisión de aumentar el dinero de bolsillo de los usuarios o subvencionar el transporte a algunos de ellos.