Dos años de cárcel para Pilar Sánchez por pagar salarios con el Plan E

El juzgado de lo Penal 2 de Jerez ha condenado a dos años de cárcel y nueve de inhabilitación a la exalcaldesa de Jerez Pilar Sánchez (PSOE) por utilizar fondos del Plan E para pagar las nóminas de los trabajadores municipales. La magistrada también le impone el pago de una multa de 8,6 millones de euros por la comisión de los delitos de prevaricación y fraude de subvenciones. El abogado de la exregidora anuncia que recurrirá el fallo ante la Audiencia provincial, destaca la dureza de la sentencia y recuerda que Sánchez destinó el dinero transferido por el Estado a “pagar los salarios de 3.000 familias”.

El juzgado concluye que la exalcaldesa, sin contar con el visto bueno del interventor y el tesorero municipal, ordenó entre septiembre de 2010 y mayo de 2011 un total de 11 traspasos del capital ingresado en cuentas restringidas para la ejecución del programa anticrisis activado por el expresidente Zapatero. Durante esos ocho meses, la edil socialista usó 10 millones de euros de los fondos estatales para completar seis mensualidades de la nómina y otros 1,7 millones para liquidar facturas con proveedores de servicios públicos básicos. El gobierno local iba reponiendo el dinero retirado de acuerdo a un plan de tesorería que se interrumpió al finalizar el mandato y celebrarse las elecciones municipales de 2011. En esa fecha, el desfase entre lo retirado de las cuentas restringidas y lo repuesto era de 8,6 millones de euros, el monto que Sánchez debe ahora devolver.

La exalcaldesa jerezana nunca ha negado el uso de fondos finalistas y en más de una ocasión ha manifestado que volvería a obrar de la misma manera de estar en la misma tesitura. “Prioricé el pago de la nómina de la plantilla y otros servicios esenciales en momentos de asfixia total del Ayuntamiento. Siempre hubo un plan de tesorería para reponer el dinero. No me he llevado dinero, ni tengo cuentas en Suiza”, defendió Sánchez al finalizar el juicio.

La condena incluye una inhabilitación de nueve años para cargo electo que, en principio, es compatible con su puesto como directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, un órgano que depende de la Consejería de Educación. Sánchez ostenta este cargo desde 2013, dos años después de sufrir una severa derrota electoral. Tras el nombramiento, por decisión de la  entonces consejera de Educación, Mar Moreno, renunció a su acta de concejal en el Ayuntamiento y al de diputada provincial en Cádiz.

Las reacciones políticas tras conocerse la sentencia se han sucedido con una rapidez inusitada. El Gobierno que preside Susana Díaz, cuya prioridad absoluta es la lucha contra la corrupción, le ha abierto la puerta a Sánchez para que deje su puesto en la Junta de manera inmediata. Aunque el Ejecutivo no tenía la sentencia en su poder y la decisión judicial no es firme, fuentes del Gobierno confiaban en no tener que tomar una decisión contundente y que fuera la propia Sánchez la que dejara el cargo por "decisión de ella misma". Y así ha sido. Sánchez ha cumplido a rajatabla la invitación y ha comunicado su abandono al consejero de Educación, Luciano Alonso.

Paralelamente, Sánchez también ha pedido su baja voluntaria del PSOE con el "objetivo de no perjudicar innecesariamente al partido y en aras de un tiempo mayor de dedicación para preparar su defensa judicial", según una nota del PSOE de Jerez. Casi una hora antes, desde la misma agrupación socialista, de la que la exalcaldesa fue secretaria general, se dio a conocer un comunicado de un tenor completamente distinto de apoyo absoluto a Sánchez. "Las decisiones expresadas por los órganos de justicia merecen nuestro máximo respeto, si bien no podemos compartir el fallo por su carácter sobredimensionado y con escasos precedentes en la judicatura española", señala. También muestra su  "incredulidad por la decisión judicial de condena de cárcel" contra Sánchez "por pagar la nómina de los trabajadores de Ayuntamiento".

Pilar Sánchez fue absuelta en 2013 por la colocación en el Consistorio de cinco compañeros de partido y en enero de 2015 se enfrenta a un tercer juicio por la concesión de una subvención supuestamente irregular a una empresa para que se instalara en el parque agroalimentario de la ciudad.