Vivir al límite por un recorte ilegal

A los cientos de familias gallegas con rentas bajas afectadas por la supresión de las ayudas para el pago de hipotecas de pisos de protección oficial, 300.000 en todo el Estado, una sentencia les ha devuelto la tranquilidad. Llevan dos años asfixiados tras el tijeretazo del Gobierno central que, en 2012 e indiscriminadamente, retiró estos subsidios mensuales y que fueron imprescindibles para aventurarse en la compra. Tras los numerosos fallos judiciales que están tumbando la cancelación de las ayudas anteriores al plan de 2009 a 2012, el Ministerio de Fomento ha rectificado, pero aquella decisión ha multiplicado sus problemas. Y los afectados exigen responsabilidades.

En el barrio vigués de Navia hay unas 600 familias salpicadas. Ara es pensionista. Ya lo era cuando compró su casa, pero ahora tiene un hijo y el recorte ilegal ha colocado a su familia al límite, ya que con unos ingresos mensuales de 400 euros y una hipoteca de 440, no llega ni para encender la cocina. “La ayuda fue determinante ya que sin ella no hubiese comprado nada. Ahora tenemos que ir a comer con los abuelos porque no alcanza”, explica. A Begoña tampoco le salen las cuentas: “La subsidiación nos ayuda, pero sobre todo nos desahoga”. Tras años sin trabajo alguno y sobre todo desde que el Gobierno les apisonó con esa decisión, hay jornadas negras: “En mi día a día, a veces, no me llega el dinero y 80 euros servían para hacer la compra”.

La vida de Javier ha cambiado drásticamente desde que obtuvo la ayuda. “Cuando la solicitas tienes derechos y obligaciones. Cinco años después, yo aún cumplo mi parte y fue la Administración la que rompió unilateralmente nuestro contrato”, asegura. Y es que él, que obtiene ingresos de sus colaboraciones con una empresa, materializó la solicitud sin familia, pero ahora tiene dos hijos. A Tita la salvan sus allegados: “Tengo una madre que se desvive por ayudarme”. Divorciada y con un hijo, relata que, desde que se esfumó el dinero del subsidio, no saldría adelante sin sus padres. La decisión del ministerio ha disparado la solidaridad familiar. Martina, que recibía 150 euros públicos mensuales, compró el piso en solitario. Ahora, casada y sin trabajo, sale adelante porque su actual marido paga la hipoteca de una vivienda que no es suya.

Ana, la portavoz de la plataforma viguesa de afectados, tiene dos hijos y cuenta los días que le quedan para que sus ingresos se vuelvan a cero. “Tras dos años en paro se me acaba la prestación y no sé muy bien qué voy a hacer. Supongo que tiraré de la familia”. Si las ayudas no vuelven con celeridad, la cuesta arriba de todos ellos será mucho más pronunciada. En casa de Sandra ni encienden la calefacción ni utilizan agua caliente para fregar la loza. Su plan de ahorro incluso incluye una pequeña huerta que hace menguar el carrito de la compra. En los últimos años solo ha trabajado ocasionalmente y su pareja, a la que conoció tras adquirir la vivienda, está ayudando a pagar. “El problema no es solo que nos quiten las ayudas, sino que todo se ha puesto por las nubes y una se hubiera planteado la vida de otra forma si no tuviera la certeza de que iban a mantener ese porcentaje subvencionado”, asegura.

Algunas de las familias incluso soportan una doble carga: pagan dos hipotecas porque cuando compraron tuvieron que solicitar dinero para la entrada que les reclamó la promotora. Hay otros casos extremos que prefieren mantener el anonimato, ya que se han visto envueltos en una feroz espiral financiera. Algunos de los afectados tuvieron que solicitar otros créditos para poder sufragar el porcentaje de la hipoteca que, ilegalmente, Fomento dejó de abonar. Ahora y a pesar de sus bajos ingresos, tienen una doble carga en la que también deben afrontar los intereses del préstamo y que la Administración pública no devolverá, salvo orden judicial que ordene lo contrario.

Tras dos años con el agua al cuello y con sentencias que los llenan de razones, exigen cobrar inmediatamente el dinero atrasado y volver a recibir mensualmente el que les corresponde por ley. Además quieren reunirse con la ministra. Pero sobre todo exigen responsabilidades. “Ya que nadie se disculpó por esa decisión, que al menos reparen el daño económico. El gasto en abogados nos lo vamos a comer porque no condenaron en costas, pero meditamos reclamar responsabilidad patrimonial por obligarnos a acudir a los juzgados con los gastos que conlleva y que nos suponen un gran esfuerzo”.