La recaudación tributaria vinculada a las ventas de pisos vuelve a subir

La Generalitat obtiene hasta agosto casi el 80% de lo previsto para todo el año Los ingresos por viviendas de segunda mano suben el 24,5%

Las arcas públicas catalanas empiezan ya a notar la reactivación del mercado inmobiliario. La recaudación por la compraventa de viviendas este año ha vuelto a crecer tras haber tocado fondo por el parón que ha sufrido el sector en los últimos seis años. Hasta el mes de agosto, el monto derivado del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), vinculado a las ventas de viviendas de segunda mano, ascendió hasta los 654,3 millones de euros, lo cual supone un aumento del 24,5% respecto al mismo periodo del año pasado, según el informe de ejecución presupuestaria de la Generalitat, elaborado por el Departamento de Economía y Conocimiento.

La recaudación del Ejecutivo catalán por tributos cedidos o propios se ha desplomado en prácticamente 3.000 millones de euros desde el momento de máxima expansión económica hasta hoy. El derrumbe de esos impuestos, que hoy aportan unos 2.500 millones de euros a las arcas catalanas, se debe fundamentalmente al estallido de la burbuja inmobiliaria. Ese mismo patrón se reprodujo en varias comunidades autónomas, en especial en las que la construcción fue más intensa. Fuentes del Ejecutivo catalán sostienen que no esperan llegar a los niveles de recaudación de 2006 y 2007, puesto que correspondían a la actividad derivada de una burbuja.

La recaudación

  • En 2006 la Generalitat recaudó por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados 3.865 millonesde euros, el triple que en 2000.
  • En 2013 la recaudación había descendido hasta 1.048 millones de euros, lo que supone un descenso del 79% respecto a 2006.
  • Para 2014 la Generalitat había previsto recaudar 1.102,9 millones por ese concepto. De momento ha ingresado el 80% de ese monto.
  • El impuesto para viviendas de segunda mano ha crecido hasta 654,3 millones, el 24,5% más que en 2013.

Los impuestos de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados y, en menor medida, operaciones societarias explican la recaudación de los años de expansión y el desplome posterior. Los ingresos por esos tres tributos se triplicaron entre 2000 y 2006, pasando de 1.285 millones a 3.865 millones de euros. Desde 2006 a 2013, en cambio, esos gravámenes siguieron el camino contrario, con una caída del 73%. El año pasado la Generalitat pudo obtener 1.048 millones de euros por esos impuestos, lo cual implicaba retroceder hasta niveles de la década de 1990.

Para este año, el Ejecutivo catalán ha estimado que esos tres impuestos sumarán 1.102,9 millones de euros. Y de momento, parece que no solo cumplirá las previsiones, sino que las rebasará. Hasta el mes de agosto, la Generalitat había registrado 874,1 millones de euros en estos impuestos, lo que supone el 79% de lo previsto para todo el año. Ello se debe en especial al buen comportamiento del ITP, cuya recaudación creció el 24,5%. A pesar de que en agosto las compraventas de viviendas bajaron el 12%, rompiendo una racha de subidas, hasta entonces las transacciones acumulaban un aumento del 10,7%. Fuentes del mercado explican que probablemente los datos de agosto todavía no recogen ese incremento.

Desde el Departamento de Economía recuerdan que los ajustes presupuestarios obligaron a subir el tipo del ITP del 8% al 10% en agosto de 2013. Sin embargo, el Ejecutivo sí percibe un aumento de la recaudación como consecuencia de una reactivación del mercado. Más frágil se manifiesta la recuperación en el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) —vinculado a la obra nueva— aunque desde Economía sí señalan que tiende a estabilizarse. En agosto, este bajó el 1,4%. En todo caso, este tributo sí rebasará la previsión, puesto que prácticamente ya se ha liquidado todo lo que se contemplaba recaudar este año.

La ejecución presupuestaria indica que hasta el mes de agosto el déficit no financiero del sector público catalán ascendió a 2.446,8 millones de euros. Eso equivale a cerca del 1,2% del Producto Interior Bruto (PIB). El límite autorizado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera es del 1% del PIB.

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