Sin piso por ser lesbiana

Un 5% de las denuncias recibidas por el Observatorio catalán contra la Homofobia el año pasado están relacionadas con el acceso a la vivienda. Esta es una de las cifras que incluye el informe anual de la entidad, que ayer se presentó en la Comisión de Igualdad del Parlament. “Pedimos que quede claro que no se puede negar el alquiler a una persona por su condición sexual”, dijo Eugeni Rodríguez, presidente del Observatorio y portavoz del Front d'Alliberament Gai (FAGC).

Es la primera vez que el Observatorio disgrega las cifras referidas específicamente a la vivienda. Este informe se complementa con el hoy presentará la Fiscalía Especial para delitos de odio y discriminación, que refleja la labor judicial. Rodríguez explicó que, en general, el número de quejas subió un 2% con respecto a 2012. En total se recibieron 384 denuncias.

Cuatro de cada 10 quejas son por agresiones y discriminación en el espacio público, aunque se han reducido con respecto al año anterior. Suben, sin embargo, las que están relacionadas con servicios de la Administración Pública (la escuela o la salud) o en las redes sociales.

Los 20 casos referidos a la vivienda se presentaron en Reus, L’Hospitalet de Llobregat y en Barcelona. Las denunciantes eran en su mayoría lesbianas que consideran que se les negó la posibilidad de alquilar un inmueble por su condición sexual, aunque también se reportaron casos de presiones para abandonar los pisos, explica Rodríguez.

El caso más dramático, asegura el informe del Observatorio, es el de M. R.G, de 29 años, y vecina de un piso en el barrio barcelonés de Sagrada Familia. La casera, tras descubrir la orientación sexual de la denunciante, le pidió a sus compañeras de piso que la echaran. En el caso de Reus, una comunidad de vecinos pidió la retirada de una bandera gay de uno de los balcones de la finca.

El debate parlamentario se centró en si el mayor número de denuncias respondía a un aumento de prácticas homófobas o una predisposición mayor a denunciar por parte de las víctimas. “Muchas veces la gente no sabe que esta sufriendo de homofobia”, aseguró Rodríguez, que pidió celeridad al Parlament para aprobar el decreto que regule el régimen sancionador de la ley aprobada la semana pasada. El plazo es de un año. La diputada republicana Anna Simó expresó su preocupación por “el incremento sostenido” de las quejas en los últimos años.

Rodríguez también explicó que el Observatorio solo cuenta con una subvención de 2.300 euros. “No podemos hacer publicidad de la nueva ley con este presupuesto”, se quejó.