La Fiscalía acusa tres inmigrantes por falsear contratos de trabajo en Álava

La Fiscalía de Alava acusa a tres inmigrantes africanos de firmar distintos contratos de trabajo falsos para lograr autorizaciones de residencia en este territorio.

Por estos hechos, el fiscal pide para una mujer de Nigeria dos años de cárcel o su expulsión de España durante cinco años por un delito continuado de falsedad en documento oficial, además del pago de una multa de 1.800 euros.

Para los otros dos hombres, nacidos en Ghana y con residencia legal en España, reclama un año de prisión para cada uno y el pago de sendas multas de 1.260 euros por firmar sendos contratos de trabajo falsos a la mujer nigeriana.

Los hechos ocurrieron en julio de 2011, cuando la mujer de 35 años y sin residencia legal en España presentó en la Subdelegación del Gobierno de Alava una solicitud de autorización de residencia y trabajo "por razones de arraigo".

Según precisa la calificación fiscal, a la que ha tenido acceso Efe, para justificar su petición entregó un informe de inserción social de extranjeros del Ayuntamiento de Vitoria en el que se informaba favorablemente sobre su arraigo social.

Ese informe estaba basado, entre otras circunstancias, en el compromiso de que iba a ser contratada como empleada de hogar por dos personas que habían suscrito sendas ofertas de trabajo.

El Ministerio Público precisa que esas dos ofertas de trabajo, en las que se recogían las estipulaciones sobre la duración del contrato y el sueldo que iba a percibir como empleada de hogar, "no respondían a una oferta real" por parte de los otros dos procesados.

"Las dos ofertas fueron elaboradas y firmadas por los tres acusados con la sola finalidad de ser presentadas primero en el Ayuntamiento de Vitoria para aparentar un compromiso de contratación en el expediente del informe municipal de inserción social" y, posteriormente, para hacer lo mismo ante la Subdelegación del Gobierno, relata la Fiscalía.

La petición, no obstante, fue denegada por la Subdelegación al comprobar que uno de los ciudadanos de Ghana ya había presentado sendos contratos de trabajo con otras dos personas en junio de 2011 en las mismas "circunstancias excepcionales de arraigo social".

Lo mismo ocurría con el segundo imputado, también ghanés, que había acudido igualmente a la Subdelegación con un contrato de empleo y además no había acreditado disponer de medios económicos.

Por todo ello se dictó una resolución administrativa para rechazar la última petición para contratar a la nigeriana al concluir que ninguno de los dos empleadores contaba con medios económicos "para hacer frente a las obligaciones derivadas del contrato de trabajo".

Por ello la Fiscalía imputa a la mujer y a los dos hombres tres delitos de falsedad en documento oficial, aunque en el caso de ella con carácter continuado. Además establece que si se declaran insolventes para pagar las multas que se les impongan cumplan penas de cárcel: 5 meses la mujer y 3,5 meses los hombres.