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PSOE e IU llegan a un acuerdo para la regularización de 25.000 casas ilegales

El Consejo de Gobierno aprobará el martes la modificación de la ley urbanística andaluza

La normalización sólo afectarán a las edificaciones de carácter residencial

Vista de varias viviendas ilegales en Alcaucín (Málaga). Ampliar foto
Vista de varias viviendas ilegales en Alcaucín (Málaga).

PSOE e IU han cerrado un acuerdo para modificar la ley urbanística andaluza. Se trata de permitir la regularización de unas 25.000 casas ilegales que no pudieron acogerse al decreto que la Junta aprobó en 2012 para normalizar la situación de decenas de miles de viviendas levantadas en suelos no urbanizables. La presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, anunció en el debate del estado de la comunidad una modificación de la LOUA para dar una salida a esas 25.000 edificaciones. Pero sus socios de IU votaron en contra de la propuesta en el Parlamento.

Desde un principio, los dirigentes de la federación de izquierdas dejaron entrever que era un problema más de formas de que fondo, con lo que había recorrido para el acuerdo. Y así ha sido. Finalmente, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobará el próximo martes un anteproyecto de ley para modificar la LOUA. Permitirá la regularización de las casas levantadas en pequeñas parcelaciones —divisiones de suelos no urbanizables— que hasta ahora tenían imposible normalizar su situación debido al artículo 185 de la ley urbanística andaluza, que declara imprescindible la parcelación de un terreno rústico.

En la negociación, IU ha pedido que la modificación de la normativa haga mención expresa a que sólo podrán regularizar su situación las edificaciones de carácter residencial, según informan fuentes de la Consejería de Medio Ambiente. Este departamento y la Consejería de Fomento (en manos de IU) han sido los que han negociado el cambio de la LOUA, que se cerró el viernes pasado.

En el anteproyecto que se aprobará la semana que viene también se obligará a los Ayuntamientos a que en los próximos dos años den los pasos necesarios, que se fijaban en el decreto de 2012, para identificar y regularizar la situación de las urbanizaciones ilegales que existan en su término municipal. El decreto de hace dos años ha tenido una bajísima aplicación, entre otros motivos, por la lentitud de los Consistorios a la hora de aplicar los cambios en su normativa. Para que se iniciara el proceso hacía falta que los Ayuntamientos incluyeran en su planeamiento los asentamientos y hábitats diseminados. De los 772 municipios andaluces, 108 han empezado ese trámite.

Los avances, como se llama ese trámite, están listos sólo en 60 localidades. En el cambio acordado ahora entre PSOE e IU Se fija que si transcurridos dos años los alcaldes no tienen listos los avances, la Junta "podrá asumir esa competencia municipal", detallaron ayer fuentes del Gobierno andaluz.

Fuera de todo ese proceso se quedaron las parcelaciones aisladas, que son las que ahora encontrarán una salida. El problema afecta de forma especial al levante almeriense y a la comarca de la Axarquía malagueña. Y muchas de esas casas estaban en manos de británicos, lo que ha provocado que la embajada del Reino Unido haya mantenido varias reuniones con la Junta para abordar este asunto.