Martínez culpa a Borriol de elegir su parcela para la depuradora

El exvicepresidente de la Diputación de Castellón y alcalde de Vall d’Alba, Francisco Martínez, declaró ayer como imputado en la causa abierta para investigar si hubo corrupción en torno al proyecto de la depuradora de Borriol que se proyectó sobre una finca propiedad de una empresa familiar suya y por la que iba a recibir 50.000 euros (por la expropiación) pese a estar valorada en 3.000. El recién dimitido diputado provincial dijo tras su declaración que “nunca” tomó ninguna decisión sobre la depuradora ni eligió los terrenos, puesto que la elección la hizo el Consistorio. Apunta así como responsable al exalcalde de esta localidad, Adelino Santamaría, que dimitió poco después de conocerse la operación y que declarará hoy también como imputado.

El fiscal sostiene en su denuncia que ambos eran conocedores “tanto del proyecto como de los terrenos sobre los que pretendía asentarse” y destaca los esfuerzos de Martínez para esconder su nombre y el de su familia de la tramitación. Preguntado por esto a la salida de su declaración, aseguró que el fiscal no le ha preguntado nada y que solo fue interrogado por la jueza que investiga el caso, pero no aclaró ante los medios por qué ocultó su nombre, tal y como sostiene el fiscal.

La polémica parcela —la número 42 del polígono 11— era propiedad de su socio Raúl Babiloni (también imputado en la causa) y no estaba incluida inicialmente en el proyecto pero, según consta en la denuncia presentada por la fiscalía, en octubre de 2007 Adelino Santamaría pide incluirla y recibe el visto bueno de la Diputación, pese a no ser de su competencia. En abril de 2008 se firma la cesión y reserva del suelo. El fiscal señala que días después la finca la adquiere la hija de Martínez (también imputada). El alcalde de Vall d’Alba fue informado de los convenios de cesión de los terrenos al mismo tiempo que la Generalitat, cuando era ésta la encargada de la obra. El fiscal señala además que, cuando en 2010 se ponen los terrenos a disposición de la Generalitat no consta la citada parcela 42.

La Generalitat acabó desvinculándose y es la Diputación, concretamente el departamento que dirigía Martínez, la que toma las riendas. Según el fiscal, es en 2013 cuando aparece como necesaria la parcela 42, ya propiedad de la empresa familiar de Francisco Martínez. El entonces vicepresidente de la Diputación remitió el nuevo proyecto (ya con su parcela) a Adelino Santamaría. La finca no se excluye definitivamente hasta que el edil de Compromís en Borriol desvela a quién pertenecían los terrenos.

La fiscalía presentó en julio una querella por posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas contra Martínez, sus hijos, su socio y el exalcalde de Borriol, entre otros. Adelino Santamaría declarará este viernes. El fiscal sostiene que era conocedor de la titularidad de la finca.

El Ayuntamiento de Borriol decidió, en un pleno celebrado esta semana, paralizar toda tramitación del proyecto de la depuradora hasta que se resuelva el proceso judicial.