El Parlamento vasco debatirá una proposición de ley sobre la eutanasia

Regular la eutanasia escapa de las competencias del País Vasco, dado que la práctica está tipificado como delito por el Código Penal. Eso no ha evitado, sin embargo, que la mayoría del Parlamento vasco, salvo PP y UPyD, votaran este miércoles a favor de la tramitación de una proposición de ley de EH Bildu para abrir el debate sobre la muerte digna, y regular los derechos que corresponden a la persona en el final de su vida y las obligaciones del personal sanitario.

La propuesta, registrada el pasado mayo, persigue, según Bildu, propiciar una "reflexión" en la Cámara sobre la "dignidad" de la muerte. La ley no busca despenalizar la eutanasia, sino clarificar conceptos y regular proyectos ya en marcha como el Documento de Voluntades Anticipadas o el Testamento Vital. Así lo han ratificado también PNV, y PSE-EE. El PP, por su parte, se ha abstenido al no considerarlo un asunto "prioritario", y lo mismo ha hecho el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, que, sin embargo, se ha mostrado de acuerdo con los contenidos "fundamentales" de la propuesta.

Tras haber sido tomada en consideración, la proposición de ley será objeto de análisis y aportaciones de los grupos parlamentarios hasta que sea sometida a la votación definitiva en un nuevo pleno. La parlamentaria de Bildu Rebeka Ubera ha destacado la necesidad de debatir de forma "normalizada" sobre la muerte, y el portavoz del PNV Kerman Orbegozo ha coincidido en la conveniencia de discutir el tema.

El texto recopila en un mismo marco legislativo aspectos como el derecho del paciente a rechazar las intervenciones propuestas o la obligación de respetar el Documento de Voluntades Anticipadas —en el que una persona puede dejar fijadas instrucciones sobre su tratamiento médico—, sobre las que no existe una regulación específica. Andalucía, Navarra y Aragón ya cuentan con textos autonómicos sobre la muerte digna.

El texto incluye un apartado de definiciones, en el que explica la eutanasia como "actuaciones de los profesionales sanitarios que causan directamente la muerte de los pacientes a los que atienden porque éstos lo piden de manera voluntaria, informada y capaz, al padecer una enfermedad grave e irreversible que les produce un sufrimiento que no puede ser mitigado de forma alguna".

El documento destaca que "el derecho a la vida lleva aparejado el deber de respetar la vida ajena, pero no el deber de vivir contra la propia voluntad en condiciones de sufrimiento extremo".