La juez indaga si el Ayuntamiento favoreció a la trama de los burdeles

La investigación sobre la presunta trama de los prostíbulos, en la que están involucrados policías locales y empresarios, apunta en una nueva dirección: el Ayuntamiento de Barcelona. La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de la ciudad, Míriam de Rosa, va a indagar si existió trato de favor por parte de responsables municipales hacia los empresarios y sus negocios de ocio nocturno. Así se desprende, al menos, de las conversaciones telefónicas intervenidas por los Mossos d’Esquadra, que deben ser examinadas ahora por la fiscalía.

Las conversaciones más relevantes fueron mantenidas por uno de los 25 detenidos la semana pasada en la operación policial. Se trata de una suerte de “conseguidor”, según fuentes judiciales, que presumía de contactos en distintos ámbitos de poder. En algunas llamadas, ese conseguidor da a entender que puede lograr que el Consistorio agilice trámites o dé trato preferente a los intereses de los empresarios. Las pesquisas, señalaron las mismas fuentes, apuntan al distrito de Ciutat Vella, responsable de las licencias y las inspecciones a los locales.

La causa comenzó hace un año a raíz de la denuncia de una trabajadora, quien afirmó que los locales narcotizaban a los clientes para desvalijarles. Está dividida en dos partes. La primera analiza si los detenidos blanquearon dinero procedente de la prostitución ejercida en torno a dos locales de striptease de Barcelona: Night Club y Fuego, ambos precintados por orden judicial. Entre los detenidos hay un cabo y tres agentes de la Guardia Urbana que, presuntamente, actuaban en connivencia de los locales a cambio de dinero. También fueron arrestados dos empresarios: Juan Balcells —propietario de esos negocios— y Carlos Caballero, promotor negocios de la noche y director del Teatro Principal de la Rambla, propiedad de la familia Balañá y reconvertido ahora en discoteca. Los investigadores sospechan que en todos esos locales se ha blanqueado dinero de la prostitución. La segunda parte —en la que está involucrado Caballero, aunque no Balcells— tiene que ver con los presuntos tratos de favor de responsables municipales. La juez ha pedido, en ese sentido, una serie de expedientes administrativos.

El Consistorio dijo a los vecinos que no halló irregularidades en las inspecciones a los locales

En octubre de 2013, cuando se reabrió el Teatro Principal, Caballero no solicitó ninguna licencia nueva para gestionarlo. Desde entonces, opera con las mismas licencias de actividades que ya había tenido en su última etapa: la sala grande —con una capacidad para 600 personas— como teatro y la sala Latino —para 300— con licencia de sala de fiestas, según aseguran portavoces del distrito de Ciutat Vella. En la práctica, sin embargo, la sala en la que sí se hacen espectáculos de teatro y artes escénicas es la Latino, en funciones que se programan a primera hora de la noche; posteriormente, se reconvierte en sala de fiestas y bar de copas. En la sala mayor, las butacas del teatro duraron poco tiempo y su actividad real es de sala de fiestas, según anuncia la propia página web del Teatre Principal que anuncia dj's para las noches de jueves y sábados durante el mes de octubre.

Hace unos meses, la empresa que gestiona Caballero pidió una licencia más como sala polivalente (discoteca) para el frontón Jai Alai. Se trata de una gran pieza —situada encima del teatro— de 50 metros de longitud. Los portavoces de Ciutat Vella solo precisan, a preguntas de este diario, que esa licencia “sigue en trámite”. Tampoco concretan si se han hecho inspecciones en el Principal para comprobar si su actividad se ciñe a las licencias que ya tiene: “Solo recibimos una denuncia por ruido en una ocasión de un vecino”.

El presidente de la asociación Eixample Sostenible, Alex Broch, afirma que habían denunciado las irregularidades en el distrito: exceso de aforo, ruido o existencia de pisos “interconectados con los prostíbulos donde se realizaban los servicios”. “En las asambleas del barrio se manifestaron estas quejas y desde el Ayuntamiento se nos han contestado que los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona no han encontrado ninguna irregularidad”, detalla Broch.