El Consell propone transparencia para el futuro y la oposición exige hechos

Casi 20 años después de llegar al poder, con varios casos de corrupción en su haber, decenas de imputados en sus filas y unas cuantas condenas por vulnerar los derechos fundamentales de los diputados, el PP valenciano opta por regular por ley la transparencia. El vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, se entrevistó este lunes con los portavoces de la oposición para hablar del anteproyecto de Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana, una norma que desarrolla y amplía la ley estatal y que será efectiva la próxima legislatura, en la que es muy improbable que los populares vuelvan a disponer de mayoría absoluta en las Cortes Valencianas.

Ciscar anunció varias novedades en relación con lo que se sabía hasta ahora del borrador de la ley. La creación de un Consejo de Transparencia formado por representantes de “la sociedad civil”, el establecimiento de un régimen sancionador propio y la transformación del silencio negativo contemplado inicialmente en silencio positivo, de manera que el ciudadano verá aprobada su petición cuando no reciba respuesta, son las más llamativas.

El vicepresidente dijo que la norma “va mucho más lejos que la ley estatal y que cualquier administración autonómica” y añadió que da “cierto vértigo” a la oposición lo que calificó como “una de las leyes más importantes de la legislatura”. Ciscar insistió en que la iniciativa del Consell que preside Alberto Fabra “supera” a los grupos de la izquierda parlamentaria.

“Fabra y su Consell deben aclarar cuál es su disposición real a ser más transparentes antes de proponer una ley”, aseguró el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Antonio Torres, tras la reunión con Ciscar. El diputado exigió a los populares: “Dejen de rechazar comisiones de investigación, reformen el reglamento de las Cortes para dar más participación a todos y dejen de vetar nuestro acceso a determinada información”.

En términos parecidos se expresaron los representantes de la Coalició Compromís y Esquerra Unida, que añadieron la exigencia de que el Consell retire la decena de recursos de casación presentados contra otras tantas sentencias que condenan al Ejecutivo por denegar información a la oposición. “Hacen falta hechos y no palabras”, dijo el portavoz de Compromís, Enric Morera, que recalcó la necesidad de una ley de transparencia y añadió que, de haber existido, “seguramente habría sido clave para evitar tanta corrupción”.

“Hemos planteado unas condiciones iniciales para poder trabajar de una forma consensuada este anteproyecto de ley”, explicó la portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz. “”En primer lugar, que se retiren los recursos de casación que se han interpuesto; en segundo lugar, que se cumplan las sentencias del Tribunal Superior de Justicia que en estos momentos han salido ya de forma firme, y por otra parte que se aplique y se respete el artículo 12 del reglamento de las Cortes que ampara el derecho a la información de los grupos parlamentarios”.

Ciscar reiteró el “enorme esfuerzo” del Consell en materia de transparencia al cumplimentar esta legislatura más de 12.000 peticiones de documentación. “Solo el 0,3% de los casos han sido recurridos”, añadió. Con un 100% de condenas para el Consell, recuerdan los grupos de la oposición. El vicepresidente se mostró dispuesto a no recurrir esas sentencias pero remitió a las consejerías afectadas. Más difícil parece que el PP acepte abrir comisiones de investigación en las Cortes Valencianas sobre el caso Cooperación o la Fórmula 1, aunque Ciscar dijo que buscará el consenso: “Por nosotros no va a quedar”.