Dos alcaldes reclaman servicios y bienes públicos para privatizarlos

Los Ayuntamientos de Cartaya y Lepe, que suman entre los dos 40.000 habitantes, vuelven a apuntar a la empresa pública de aguas Giahsa, la entidad de la mancomunidad Mas que gestiona el servicio en la mayoría de los municipios de Huelva. Ambos ya se salieron parcialmente de esta entidad y privatizaron la gestión del servicio de distribución. Ahora han dado un paso más al proponer un convenio para hacerse con el suministro en alta (captación y potabilización) y la depuración, incluyendo las actuales instalaciones construidas con dinero público, para cederlas a una empresa. Giahsa defendió que las actuales infraestructuras tienen un carácter supramunicipal, pidió lealtad y advirtió que defenderá en todos los ámbitos la legalidad del servicio público “frente a unos intereses meramente mercantilistas, enmarcados en el acoso que el modelo público onubense soporta en los últimos años”

El alcalde de Cartaya, el independiente Juan Polo, reconoció que el objetivo es la creación de una nueva mancomunidad y, posteriormente, privatizar el servicio. “Si estamos en manos de Giahsa, quedamos al capricho de los precios que quiera aplicar de forma unilateral”, argumentó Polo, quien admitió que, “para el servicio del agua en alta, se buscará la empresa que mejor se adapte el pliego de condiciones que se saque a concurso”.

Sin embargo, el borrador de convenio que maneja el Ayuntamiento prevé que la depuración “provisionalmente, corresponderá al actual concesionario de los citados servicios en Cartaya”, una empresa privada a la que se entregó la gestión del agua por 25 años a cambio de 8,4 millones de euros que la entidad mercantil recuperará con cargo a los recibos de los vecinos.

El alcalde de Lepe, el popular Juan Manuel González, fue menos contundente que Polo y afirmó que el proceso de constitución de la mancomunidad de los dos municipios “está muy verde” y en una fase “embrionaria”. “Lo que queremos los dos alcaldes es que el ciudadano tenga la mejor gestión posible del agua y que el servicio llegue a sus hogares de la manera más económica”, afirmó González. El regidor insistió en que “es algo que está en estudio y aún no se puede afirmar con rotundidad que de dentro o fuera de la mancomunidad de servicios se perjudique a nadie”. “Vamos a estudiar la posibilidad de que el ciudadano tenga el servicio más económico. Si saliéndonos de Mas es más barato, entonces se constituirá la nueva mancomunidad, pero si vemos que no, seguiremos como estamos”, precisó.

El primer paso del convenio ya ha sido aprobado por Cartaya con los votos de los independientes (ICAR), PP y una concejal no adscrita. El PA se abstuvo y PSOE e IU votaron en contra.

Según el acuerdo, la intención es “la construcción de una planta potabilizadora” que, según Polo, podría rebajar en 30 céntimos el recibo, aunque el Ayuntamiento evitó en su comunicado detallar cómo sufragará la construcción de la misma y si ese coste tendría repercusión en el recibo. El otro objetivo es “hacerse con la gestión de la depuradora de Islantilla”.

Giahsa recordó que la estación potabilizadora de Lepe, construida con dinero público, se ha ampliado recientemente para dar servicio a los municipios de toda la costa, lo que hace innecesaria una nueva instalación, como prevé Polo. Sobre la depuradora ubicada en la Antilla, la empresa insistió en que es la entidad pública quien la gestiona legítimamente. La mancomunidad hizo un llamamiento al diálogo y a la lealtad para superar los conflictos.