El alcalde de La Vall declara más de cinco horas como imputado por malversación

El alcalde de La Vall d’Uixó, Óscar Clavell, ha sido interrogado este viernes durante más de cinco horas en relación a la causa abierta por un presunto delito de malversación y prevaricación que investiga el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Nules. El regidor está estaba citado a declarar como imputado a raíz de una querella interpuesta por la fiscalía de Castellón. El ministerio público le acusa de haber cometido esos delitos por autorizar el pago de doce facturas por importe de 706.789 euros a la empresa adjudicataria del servicio de limpieza viaria y transporte de residuos (Secopsa Medioambiente S. L.) cuando era concejal delegado y alcalde accidental (la alcaldesa era la actual consejera Isabel Bonig) entre diciembre de 2010 y enero de 2011. La autorización del pago la hizo a pesar de contar con informes técnicos contrarios, que alertaban de que los trabajos no se correspondían con el contrato.

Óscar Clavell ha llegado a los juzgados de Nules antes de las diez de la mañana, hora a la que estaba citado, pero no ha comenzado a prestar declaración hasta una hora después. El regidor ha salido después de más de cinco horas en las que ha sido interrogado por el fiscal, las acusaciones que ejercen el PSPV y EU en el Ayuntamiento, así como su propia defensa. A su salida ha asegurado que ha “destapado lo que realmente ha ocurrido” y ha achacado la denuncia a intereses para apartarle de la alcaldía. Clavell se ha mostrado “muy contento, tranquilo, confiado y muy orgulloso” de haber declarado porque tenía “muchas ganas” de que la justicia escuchara lo que tenía que decir. Menos satisfechas se han quedado las acusaciones, que han indicado que el alcalde no ha sabido explicar por qué pagó sin contar con los informes a favor.

Según manifestó el regidor de La Vall poco después de conocer que la fiscalía había presentado una querella contra él, autorizó el pago para evitar un “mal mayor”, puesto que así evitó que se convocara una huelga “porque con esta cantidad la empresa podía hacer frente al pago de las nóminas de los trabajadores”.

La querella de la fiscalía se interpuso después de que los grupos de oposición pusieran sobre la mesa las supuestas irregularidades con el servicio de recogida de basuras desde que la entonces alcaldesa Isabel Bonig decidió privatizarlo. En la denuncia destacó que Clavell “desoyó los informes de los técnicos y les presionó para que validaran las facturas, validó personalmente las facturas que aquellos no habían conformado por no haberse prestado los servicios o haberse hecho defectuosamente y, finalmente, aprobó y ordenó el pago de forma totalmente arbitraria”.