Barberá echa tierra sobre el informe de Hacienda: “Está mal hecho”

A la alcaldesa de Valencia y presidenta del patronato de Feria Valencia, Rita Barberá, le faltó tiempo para desacreditar el informe de la Consejería de Hacienda que destapa los sobrecostes millonarios y sin control en las obras de modernización del recinto ferial. “Este informe es provisional y está sujeto a alegaciones, que ya hemos presentado. No tiene ningún valor definitivo”, dijo Barberá, que insistió en que se trata de “un informe mal hecho” porque le aplica a Feria Valencia los criterios del sector público y no los de una institución de carácter privado. Una naturaleza privada que la alcaldesa siempre ha defendido, pese a que la institución se ha sostenido mayoritariamente con recursos públicos, y que ha permitido los desmanes detectados por la Intervención.

Preguntada por quién es responsable de los sobrecostes, Barberá, que es presidenta del patronato ferial, respondió que el asunto es una cuestión que compete “a los tribunales”.

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, anunció ayer que llevarán el informe sobre los sobrecostes y la gestión de Feria Valencia a la Fiscalía y que solicitará una comisión de investigación sobre “esa cueva oscura que fue la Feria de Valencia”. “El último debate de política general de Fabra [que se celebra hoy en las Cortes] viene condicionado por 20 años de desgobierno, descontrol, corrupción y despilfarro”, argumentó Puig, que tachó de escándalo las irregularidades detectadas en Feria Valencia, entre 2004 y 2009, por la Intervención de la Generalitat.

El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, miembro del patronato de la institución ferial, no ha hecho declaraciones al respecto porque no conoce el informe. "Cuando el comité ejecutivo sea informado, diremos", ha manifestado.

Renuncia a la presidencia ferial

En las filas de la oposición, la reacción fue general. El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, exigió la renuncia de Barberá de la presidencia de la institución ferial "por el desastre sin precedentes en la gestión".

La concejal de Compromís Consol Castillo  pidió incluso a la Fiscalía que abra diligencias de investigación "ante la gravedad de los hechos". La auditoría ha desvelado, prosiguió Compromís, sobrecostes, contrataciones a dedo y facturas falsas en las obras de ampliación.

La ampliación tuvo un coste de 587 millones de euros avalados por la Generalitat, de los que 325 millones presupuestados inicialmente. La auditoría de la Intervención de la Generalitat además de los sobrecostes sin justificar, ha puesto de manifiesto, prosiguió Compromís, el pago de servicios y obras que después no se realizaron y la falta de control en los procesos de contratación. 

El portavoz de EUPV, Amadeu Sanchis, reclamó la creación de una comisión de investigación que llegue al fondo. "Estamos hablando de un evidente mal uso del dinero público destinado a una ampliación más que cuestionada de esta institución", concluyó el edil.