El Ayuntamiento de Bilbao inspeccionará los hogares de los perceptores de ayudas

Las ayudas sociales públicas y su distribución entre los inmigrantes han protagonizado una de las grandes polémicas del verano. Una serie de acusaciones que, hasta el momento, se habían limitado a Álava, y más concretamente, al Ayuntamiento de Vitoria, gobernado por el PP. Este lunes, el debate se ha extendido al Ayuntamiento de Bilbao, que ha anunciado que llevará a cabo inspecciones en los hogares de los perceptores de las Ayudas de Emergencia Social (AES) para comprobar si existe fraude. Durante 2013, el servicio municipal tramitó 6.048 y concedió 5.055, de entre las que 816 se encuentran pendientes de justificar, por un importe de 657.000 euros.

El Ayuntamiento comprobará en estas viviendas si realmente se ha efectuado el gasto en mobiliario y electrodomésticos para el que se paga la AES. Otra de las novedades que aplicará el renovado plan será establecer contactos con los colegios de odontólogos y optometristas, para confirmar que los importes de las ayudas concedidas para este tipo de servicios coinciden con el "coste actual" aplicado por los profesionales.

El concejal Juan Félix Madariaga (PNV) ha asegurado, aun así, que el nivel de fraude sigue siendo "pequeño" y que estas medidas de control se aplican como "herramientas para asegurar que las ayudas llegan a las personas que cumplen los requisitos y las obligaciones" establecidas. Reconoce, sin embargo, que el número de ayudas pendientes de justificar ha ido creciendo durante los últimos años, de los 256 expedientes en 2010 a los 816 de 2013.

El PP de Bizkaia ha anunciado este mismo lunes que no se quedará de brazos cruzados ante los "fraudes", y que presentará mociones en los Ayuntamientos de Bizkaia, empezando por el de Bilbao, para exigir un control más "efectivo" del empadronamiento con el fin de detectar las irregularidades que pudieran producirse. El presidente de esta formación, Antón Damborenea, ha tachado de "gravísimo" que en Bilbao existan más de 543 empadronamientos "marginales" o "ficticios" —para sintechos que empadronados en 20 establecimientos colectivos— y que las alarmas en el padrón salten a partir del undécimo empadronamiento en la misma vivienda. "Hay gente que ha denunciado que en su casa, donde vive con su familia, hay otra gente empadronada", ha advertido.

Pese a los más de 500 empadronamientos por este sistema, el número ha descendido progresivamente desde el año 2010, cuando se computaron 704 personas, debido, entre otras causas, al descenso de la población inmigrante, explica el Ayuntamiento. "El efecto llamada en Bilbao está claro que no existe", ha dicho Madariaga.

Damborenea se une con su posición a la del Diputado General de Álava, Javier de Andrés, que ha llegado a cifrar en 13 millones de euros el coste de los "empadronamientos ilegales" en organizaciones como SOS Racismo. La agitación mediática levantada por el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, ha empujado al PP vasco a traer de nuevo el debate de la concesión de las ayudas a la palestra, para tratarlo de llevar al Parlamento vasco.