El plan para regularizar 25.000 casas ilegales tensiona el Gobierno andaluz

La intención de la presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, de regularizar la situación de entre 20.000 y 25.000 viviendas ilegales de la comunidad está generando roces con sus socios de Izquierda Unida en el Gobierno autónomo. Desde que Díaz accedió al cargo, hace poco más un año, los socialistas no pierden la oportunidad para dejar claro que es el PSOE el que marca las líneas del Gobierno y no sus coaligados. Y la decisión de buscar encaje legal a viviendas construidas en zonas no urbanizables es una de ellas.

IU no ha dado un portazo a esta iniciativa, pero desde luego no se ha sumado a ella con entusiasmo y ha instado a Díaz a disipar las “dudas” y a aclarar “las condiciones” de esta medida, afirmó este lunes el coordinador de IU, Antonio Maíllo.

Las viviendas en cuestión son edificaciones que llevan construidas desde hace décadas de manera aislada en zonas no urbanizables y a las que se pretende dar un reconocimiento jurídico para acceder legalmente a la luz o el agua. La casuística es muy amplia, aunque lo que más ha trascendido es que muchas de las casas están en manos de extranjeros —la mayoria de ellos británicos— que aseguran que compraron las viviendas de “buena fe” creyendo que la situación era del todo legal cuando las adquirieron. De este proceso quedan al margen todas las casas construidas en zonas protegidas, en terrenos inundables o con expedientes abiertos.

Díaz apeló en una entrevista en Canal Sur Radio a la “justicia social” para llevar a término este proyecto y dijo no entender el rechazo de IU a una propuesta de resolución del grupo socialista en el pasado debate del estado de la comunidad.

Su comedida respuesta contrastó a la que manifestó su número dos en el PSOE de Andalucía, Juan Cornejo, quien dijo no entender por qué algunos se “preocupan tanto de una persona que da una patada en la puerta” para ocupar una vivienda vacía “y no por una persona que tiene una casa en el limbo jurídico”.

De este modo, el secretario de Organización socialista reavivaba el recuerdo de la crisis en el Gobierno de coalición a cuenta del realojo de 17 familias de la Corrala la Utopía que ocuparon ilegalmente un edificio de una entidad bancaria. El realojo en viviendas sociales de estas familias, por decisión de la Consejería de Fomento (IU) y en contra de la opinión expresa de la presidenta de la Junta, ha sido el episodio conocido más crítico vivido hasta el momento por las dos formaciones de izquierda en los dos años de coalición. El traslado de esas familias a viviendas de protección fue avalada meses más tarde tanto por los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla como por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Las declaraciones de Cornejo sorprendieron a algunos dirigentes de Izquierda Unida porque el número dos socialista tiene fama de hombre prudente y templado. De este modo, sus palabras se interpretaron como un “intento de apretar las tuercas” y de “dar un pellizco” a sus socios de IU.

Cornejo negó que IU no fuera informada de la intención de la presidenta de la Junta de hacer esta propuesta en el debate. “La conocían los que la tenían que saber”, aseguró.

Fuentes del Gobierno indicaron que este asunto se trató en el comité de enlace que se celebró los días previos al debate de la comunidad y que IU no avanzó una posición contraria, pero tampoco a favor. La versión de los socialistas es que la regularización de viviendas diseminadas genera discrepancias internas en IU.

No parece que la regularización de viviendas vaya a tener un recorrido tan accidentado al de la Corrala, pero no hay que perder de vista que no están cerradas las puertas a un posible adelanto electoral.

Miembros de Fomento y de Medio Ambiente (PSOE) mantuvieron este lunes un encuentro con ánimo de negociar y para evitar un cruce de pelotas intenso sobre las viviendas ilegales. “No podemos empezar un partido de tenis con esto”, dijo un miembro del Ejecutivo. Este asunto ya se trató sin éxito en dos reuniones anteriores. En la de ayer tampoco hubo avances.

También las llamadas de atención se oyeron del lado de Izquierda Unida. Antonio Maíllo recordó que la regularización de viviendas ilegales “no está” en el pacto de gobierno por lo que es “necesaria una negociación” bipartita para que haya acuerdo. “Nadie puede hablar por los dos. Vaya a ser que alguien, con el tanto yo, se quede sola”, aseguró Maíllo en referencia a Susana Díaz.