Las claves del referéndum catalán
La ley permite votar a los mayores de 16 años y no delimita las materias sobre las que consultar
El Parlament ha aprobado esta tarde con los votos de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP, y la oposición de PP y Ciutadans, la ley de consultas populares no refrendarias, con la que la Generalitat dará amparo legal al referéndum soberanista del 9-N, pese al rechazo del Gobierno. El texto de la ley se ha aprobado en un pleno extraordinario.
CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP están convencidos de que esta ley puede ser el paraguas legal de la consulta de autodeterminación del 9-N. Los socialistas catalanes, en cambio, creen que la norma no sirve para amparar el referéndum, pero han votado a favor del texto porque consideran que puede utilizarse para consultar a la ciudadanía sobre otras cuestiones.
Estas son las claves de la consulta.
Votantes. Pueden votar los catalanes mayores de 16 años que residan en Cataluña y los residentes en el extranjero que se hayan inscrito en el registro creado por la Generalitat. También los ciudadanos comunitarios con un año de residencia y los extracomunitarios con tres años.
Censo. Se crea el Registro de Participación en consultas populares no refrendarias formado por los datos del Registro de Población de Cataluña, que se nutre del padrón municipal, y por el Registro de Catalanes en el Exterior.
Efectos. Las consultas no tienen carácter vinculante, pero los poderes públicos que las convoquen se deberán pronunciar sobre su incidencia política en el plazo máximo de dos meses.
Convocatoria. La consulta se ha de realizar en el plazo máximo de 60 días y un mínimo de 30 a contar desde la publicación del decreto de convocatoria.
Ámbito. La ley no delimita las materias sobre las que se puede consultar, solo excluye de manera expresa las que puedan limitar o restringir derechos y libertades fundamentales previstos en la Constitución y el Estatuto, además de las referidas a materias tributarias y a presupuestos ya aprobados.
Autoridad electoral. Se crea la Comisión de Control para velar porque la celebración de la consulta se ajuste a la legalidad. La componen siete personas de prestigio, entre juristas y politólogos, que nombra el Pleno del Parlament por mayoría de tres quintos al inicio de la legislatura.
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