La Xunta apela al “interés superior” ante el fallo contra la concesión de Ence
La sentencia ordena tramitar la caducidad de la concesión que permite a la pastera ocupar los terrenos al pie de la ría de Pontevedra
Los meses venideros serán clave para el futuro de la fábrica de celulosas de Ence en Pontevedra. Está previsto que el Ministerio de Medio Ambiente apruebe en otoño el reglamento que detallará el proceso de prórroga de las concesiones de industrias contaminantes en la costa, pero el mismo departamento está obligado por una sentencia del Tribunal Supremo a iniciar de una vez el expediente para tramitar la caducidad de la concesión sobre los terrenos que ocupa la planta junto a la ría. En este contexto, la secretaria general de Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas, acudió al Parlamento para responder a AGE, que preguntaba si el Gobierno gallego está por la labor de meter prisa al estatal para que ejecute el fallo. Rivas respondió dubitativamente que la Xunta está dispuesta a “colaborar” para “llevar a efecto la sentencia” pero al mismo tiempo llamó a ponderar “el interés superior que rige en este asunto”, sin aclarar exactamente a qué se refiere.
Rivas dijo que la Xunta está dispuesta a auxiliar al Ministerio “en la posibilidad de llevar a puro y debido efecto la sentencia dictada, siempre teniendo en cuenta el interés superior que rige en este asunto, como en todos los que interviene la Xunta ponderando la prevalencia de todos los intereses en juego”. Ante la confusa respuesta, la diputada de Alternativa Consuelo Martínez reiteró la pregunta. La responsable de Ordenación do Territorio replicó que la tramitación del expediente es un proceso reglado, que la Administración “no se va a mostrar insumisa” y que el expediente se “resolverá”. Pero en la misma frase añadió que “en su caso operará la última modificación de la Ley de Costas”, en referencia a la posibilidad de extender la prórroga más allá de 2018, fecha original del fin de la concesión. A continuación recordó el “determinante” informe de la Xunta sobre la cuestión, un documento que según la remozada ley es preceptivo pero no vinculante. “Estamos seguros de que la trascendencia de la instalación merece que […] se busque la mejor salida”, terminó.
La ambivalencia en la respuesta sigue el patrón que en el último año han seguido respecto a la factoría los dirigentes del PP gallego, formalmente favorables al traslado pero en la práctica poco activos al respecto. Rafael Louzán, presidente del partido en Pontevedra, abandonó ya la ambigüedad y apuesta ahora por que la planta siga donde está. La Xunta, por su parte, recurrió la sentencia que permitiría al ayuntamiento vetar la planta por cuestiones urbanísticas.
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