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Mas consuma su plan soberanista tras la consulta en Escocia

El presidente catalán garantiza el 9-N “si la política catalana está a la altura de las circunstancias”

El Parlamento autónomo aprueba este viernes por la tarde la ley de consultas

Un hombre hace propaganda en Esocia de la consulta independentista  catalana. El texto reza: "Los catalanes también queremos votar...pero España no nos deja". Ampliar foto
Un hombre hace propaganda en Esocia de la consulta independentista catalana. El texto reza: "Los catalanes también queremos votar...pero España no nos deja".

Esta tarde, al día siguiente del referéndum sobre la independencia en Escocia, Artur Mas consumará en el Parlamento catalán su plan soberanista con la aprobación de la ley de consultas, que le permitirá convocar a los ciudadanos a las urnas el 9 de noviembre. El president,en medio de alabanzas a la “normalidad” del referéndum escocés, se mostró confiado en que los ciudadanos votarán ese día, pero no aclaró cómo piensa sortear la estrategia del Gobierno ante el Tribunal Constitucional.

Mas sigue manteniendo un hermetismo absoluto sobre el día que firmará el decreto de convocatoria de la consulta. La hipótesis más plausible que había circulado indicaba que se produciría esta misma tarde, en cuanto el Parlamento autónomo apruebe la ley de consultas en un pleno extraordinario que está convocado para las 16.30 y que se calcula que no durará más de 90 minutos. Sin embargo, ayer empezaron a circular otras posibilidades entre los partidos del bloque soberanista, aunque admiten que son especulaciones.

Mas mantuvo el hermetismo en una entrevista concedida anoche a la televisión privada 8tv. “No voy a desvelar esa carta”, dijo tras insinuar que podía hacer la convocatoria la próxima semana. Al ser repreguntado, dejó abiertas todas las posibilidades. “Tengo de plazo hasta el viernes de la próxima semana, pero la convocatoria también puede ser inmediata”.

Los servicios jurídicos del Gobierno catalán tienen todo a punto para empezar a actuar, pero no se les ha anunciado cuándo se materializará la rúbrica del decreto.

“Es una decisión estrictamente personal de Mas, y la discreción es total”, admitió David Fernández, diputado de la CUP. “A nosotros no nos han dicho nada ni los hemos ido a buscar. Ya dirán”, explicó Joan Herrera, líder de Iniciativa per Catalunya. Ambos coincidían en que se trataba de una guerra de nervios que la Generalitat parece querer explotar, máxime cuando sabe que el Gobierno de Mariano Rajoy celebraría un Consejo de Ministros extraordinario para tomar el acuerdo de recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley catalana y la convocatoria del 9-N. Mas juzgó de “escandaloso para la calidad democrática” que el Gobierno ya asuma, antes de conocer el texto de convocatoria, que el Constitucional juzgará ilegal la consulta.

La ley de consultas establece que entrará en vigor en cuanto se publique en el Diario Oficial de la Generalitat. La idea que se ha barajado hasta ahora es que la publicación de la norma y del decreto se producirá esta tarde. Ahora ya se admite que puede demorarse al sábado e incluso al lunes, en vísperas de que Mariano Rajoy viaje a China. Si finalmente fuera el lunes, el jefe del Ejecutivo estaría ausente de ese Consejo de Ministros.

Esto parece el secreto de la pirámide. Solo el 'president' lo sabe"

Preguntado por las posibilidades de que la consulta se acabe celebrando, Mas mostró confianza casi plena. “Si hablamos en términos de notas, le pondría un notable, que no está mal”, dijo. Y aprovechó para lanzar una llamada al resto de partidos soberanistas. “Si la política catalana está a la altura de las circunstancias, puedo dar garantías de que este proceso se acabará votando”.

Las referencias a la votación escocesa fueron una constante en la entrevista, a la espera de conocer los resultados. Mas destacó que, a diferencia de Cataluña, “Escocia no está permanentemente menospreciada”.

En paralelo a la partida de ajedrez que mantiene con el Gobierno, el presidente catalán ha cerrado las heridas abiertas en los últimos días con Esquerra Republicana, su socio parlamentario. Mas y Oriol Junqueras, presidente de ERC, se reunieron la tarde del miércoles en el Parlamento catalán para reafirmar su unidad política y analizar el complicado escenario que se avecina. El efecto del encuentro no tardó en verse en la Cámara catalana, que ese día votaba las propuestas de resolución tras el debate de política general. Aunque el líder de ERC había llamado días atrás a la desobediencia civil si el Constitucional suspendía la ley de consultas, los diputados republicanos se abstuvieron al votar un pronunciamiento de la Cámara en ese mismo sentido.

La llamada de Junqueras a la desobediencia y la posterior proclama a favor de saltarse la legalidad española que hizo el pasado domingo en El Mundo generaron un gran malestar en el presidente catalán. Artur Mas lleva meses invocando la legalidad del proceso soberanista, la necesidad de “hacer las cosas bien” y que el proceso que ha de desembocar en que la consulta sea reconocida por los estándares democráticos internacionales. Ayer insistió en que “la desobediencia civil no nos llevará a ninguna parte”.

El PSOE opina que el líder de CiU es un "zombi" al que "se le ha ido la olla"

De ahí que las declaraciones de Junqueras de los últimos días significasen un torpedo en el argumentario del líder de CiU. Eso explica la contundencia con la que le replicaron horas después el líder de Unió, Josep Antoni Duran, y Ramon Espadaler, consejero de Interior y secretario general de ese partido. Ante ese panorama, se antojaba necesaria la reunión de Mas con Junqueras para reconducir la unidad entre CiU y Esquerra.

Mientras, el secretario de Organización del PSOE, César Luena, tachó ayer de “zombi” a Artur Mas, y afirmó que “se le ha ido la olla” por caer “en manos de ERC”. El dirigente socialista considera que debe acatarse lo que acuerde el Constitucional.

Por su parte, Diplocat, que es el brazo diplomático de la Generalitat, ha elaborado un documento en inglés, que empezará a distribuir hoy, en el que se asegura que “la Constitución ampara un derecho a decidir de la ciudadanía de Cataluña, avalado por el Tribunal Constitucional, de lo que se deriva la obligación del Estado de no interponer obstáculos o no llevar a cabo actuaciones que limiten el proceso de la propuesta de secesión”.

El texto añade que la negativa del Gobierno a que se celebre la consulta “está desprovista de argumentos constitucionales coherentes” y que “el impedimento es exclusivamente político”.

 

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