Un exconsejero de Unió avala a Pallerols en su juicio por fraude fiscal

El empresario andorrano Fidel Pallerols afrontó ayer la segunda ronda de un caso que fue bautizado con su apellido pero que acreditó, en realidad, la financiación ilegal de Unió Democràtica. Pallerols fue condenado en 2013 a siete meses de prisión por desviar fondos al partido democristiano a través de los cursos de formación subvencionados por la Generalitat. Ayer, con un significativo cambio de aspecto —se ha cortado la coleta— el empresario se sentó de nuevo en el banquillo por defraudar a Hacienda más de un millón. Y contó con un curioso aliado: el exconsejero de Trabajo de Unió Ignasi Farreres, imputado (y luego absuelto) en el caso Trabajo.

La Fiscalía pide 15 años de cárcel por seis delitos cometidos, presuntamente, entre 1996 y 1998: también en su derivada fiscal, el caso Pallerols llega a juicio con enorme retraso. El fiscal Fernando Rodríguez Rey considera que el empresario elevó artificialmente el coste de los cursos que impartían sus academias —en particular, del material didáctico—, lo que le permitió pagar mucho menos de lo que le correspondía a Hacienda por el impuesto de sociedades.

La abogada de Pallerols, Berta del Castillo, basó su defensa en el argumento de que el material aportado por las academias era de primera, muy superior a la media, y por fuerza más costoso. Por la sala de vistas de la Audiencia de Barcelona desfilaron exprofesores de esos centros, que dieron fe de la calidad de su enseñanza: “Eran cursos de máximo nivel, buscaban la excelencia. No usaban fotocopias, sino libros”, defendió uno de ellos.

El empresario dice al juez que los cursos de formación no eran rentables

Farreres también salió en defensa del empresario. El exconsejero avaló el buen hacer de las academias de Pallerols, a las que llegó a reconocer públicamente, con estatuillas que han sido aportadas a la causa, en un par de ocasiones. “Premiamos la eficiencia de sus cursos, que tenían una alta ocupabilidad”.

El ex consejero de Trabajo abundó en que los centros “funcionaban muy bien” y las instalaciones eran “de categoría”. El fiscal frenó su panegírico en seco: “¿Y no tuvo conocimiento de un informe de la Intervención General de la Generalitat advirtiendo de un posible exceso de gasto?” Ferreres dijo que no lo recordaba. “Un conseller no llega a todas partes”.

A favor del fiscal habló también el técnico de Hacienda que inspeccionó las tres academias. Tras analizar un muestreo de las importaciones —los materiales se traían desde Andorra— concluyó que se trataba de meros “apuntes y fotocopias sin demasiada calidad”, dijo, y que se les dio una valoración “desorbitada”. El coste del material suponía el 50% del total, mientras que la media de otras academias se situaba en torno al 4%. Para el inspector, el dato es “un indicio de una estructura para engrosar exageradamente los gastos” y defraudar a Hacienda.

Pallerols, que culpó al proceso judicial de “arruinar” su matrimonio, defendió igualmente que “el material era de mucha calidad” y negó que un cambio en la manera de contabilizar los gastos (introducido en 1995) fuera un intento de eludir el pago de impuestos. “Nosotros valorábamos todo, no solo el papel, sino el coste del marketing, de la creatividad... Era tan bueno que tuvimos que poner marcas de agua porque la gente nos lo replicaba”, defendió en la vista oral. Los cursos subvencionados no eran rentables, dijo, para sus empresas, sino solo la plataforma para buscar otros mercados. “No ganamos dinero en la etapa de la Generalitat”, dijo.

El acusado se presentó, de hecho, como un gran empresario que no necesitaba de las subvenciones públicas para vivir holgadamente. “Tenía una empresa maderera en Brasil con 2.000 trabajadores, llevaba la distribución de IBM en Andorra…”

Tras una investigación de 14 años, el caso Pallerols se saldó el año pasado con una sentencia de conformidad. Fueron condenados, a menos de dos años de cárcel, el exsecretario de Organización de Unió, Vicenç Gavaldà; el exdirector de Trabajo de la Generalitat, su hermano Lluís Gavaldà, y Pallerols. El caso acreditó que el empresario desvió parte del dinero de los cursos de formación para parados que sus academias impartían (unos 400.000 euros) para comprar mobiliario de las sedes de Unió y pagar nóminas de militantes.

Pese a su escasa condena, Pallerols ingresó en prisión —la Audiencia de Barcelona consideró que su ingreso debía servir para dar “ejemplo” y prevenir nuevos casos de corrupción— y se encuentra desde julio en tercer grado, por lo que solo acude a la cárcel a dormir.