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Fiscalía admite errores tras archivar el 95% de los casos de niños robados

Las 147 denuncias han conducido a cuatro reencuentros y a ningún culpable

El punto más polémico es la prescripción de los posibles delitos

La fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, y a su derecha Enrique Vila, representante de una de las asociaciones. Ampliar foto
La fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, y a su derecha Enrique Vila, representante de una de las asociaciones.

La Fiscalía de Valencia admitió este martes errores en la investigación de supuestos casos de niños robados. La práctica totalidad de las denuncias, 139 de 147, un 95%, han sido archivadas. Después de reunirse con asociaciones de afectados, la responsable de la sección de menores de fiscalía, Gema García, reconoció que los familiares habían “puesto en evidencia que algunos de los archivos pueden no ser definitivos” ya que disponían de “pruebas” que no habían sido contempladas.

El encuentro entre la fiscal jefe Teresa Gisbert, las asociaciones de afectados y la policía desactivó el conflicto que siguió a la oleada de archivos. “Seguimos con ganas de conocer la verdad, encontrar a nuestros familiares y castigar a los culpables”, afirmó el portavoz de las víctimas Enrique Vila. Las investigaciones de las denuncias han conducido a cuatro reencuentros entre hijos y progenitores separados tras el parto. Pero no se ha hallado ningún culpable.

La principal “discrepancia” entre la fiscalía y las asociaciones consiste en cómo calificar penalmente los hechos. Hasta 1987 no se introdujo en España el delito de tráfico de menores. En los casos anteriores, que son la mayoría de los denunciados, cuando los bebés no fueron sustraídos sino donados voluntariamente por las madres, con dinero o sin dinero de por medio, la fiscalía considera que solo serían aplicables delitos de bajo rango, como la falsedad documental, y que por tanto estarían prescritos. El representante de los afectados considera, en cambio, que incluso en tales casos se habría producido un delito de detención ilegal, porque los niños fueron “apartados de sus familias biológicas”, lo que ampliaría hasta en 18 años (la mayoría de edad del adoptado irregularmente) el plazo de prescripción.

Gisbert explicó que los hospitales de Valencia más mencionados en las denuncias son el Sanjurjo (actual Doctor Peset, con 35 casos), La Fe (22), General (21), La Cigüeña (21), El Consuelo (13), Casa de la Salud (cinco) y otros como la Casa Cuna Santa Isabel (dos).

“Lo que acaba de ocurrir es fácil de investigar. Cuando ya han pasado tres días empieza a complicarse. Si han pasado tres años es muy difícil. Y si son casos ocurridos hace 30 o 40 años las dificultades son ingentes”, explicó el comisario jefe de la Policía Judicial en Valencia, Alfredo Garrido.

Las asociaciones confiaron en poder reabrir “la mayoría” de las investigaciones. Las fiscales se mostraron bastante más prudentes sobre el alcance de las nuevas indagaciones. “Esto no es una comisión de la verdad. Es una investigación penal y tiene los límites del derecho”, afirmó García. “Necesitamos no palabras, sino pruebas”.