Euskadi tendrá su propia fiscalía anticorrupción
El nombramiento dependerá de "las prioridades que existen en las comunidades autónomas"
Euskadi tendrá su propio fiscal anticorrupción, según ha anunciado esta mañana el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce tras la reunión que ha celebrado en Bilbao el Consejo Fiscal. El Parlamento vasco lo había solicitado y el propio fiscal del Tribunal Superior de Justicia, Juan Calparsoro, lo reclamó. El nombramiento, sin embargo está "condicionado a las prioridades que existen en las comunidades autónomas".
Torres Dulce ha indicado que espera que sea de forma "inmediata". Ha afirmado que va a "chequear las prioridades" con el Gobierno Vasco, del que ha alabado su colaboración con la Fiscalía así como la "relación fluida y franca" que mantienen ambas instituciones. Ha lamentado que quizás el nuevo puesto en Euskadi se vea afectado por la decisión del Ministerio de Justicia de disminuir la oferta de nuevas plazas de fiscales, que se ha reducido de las 27 inicialmente previstas a 18. El Consejo de Fiscales, precisamente, ha expresado en su reunión de hoy una queja por este "tratamiento injustificado e inmerecido" ante la situación "deficitaria" en recursos humanos que padecen.
Otro asunto tratado hoy es la formación de un equipo de trabajo conjunto entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial para adoptar iniciativas en materia de formación, revisión de juicios de faltas o ampliación de los juicios rápidos. El fiscal general ha considerado que esta actuación de ambos organismos es "una excelente noticia" y una "demanda inexcusable" de la ciudadanía. En su opinión, los jueces y fiscales no deben esperar las iniciativas del Ejecutivo, sino que tienen la "obligación" de elaborar sus propias propuestas .
Ha destacado que, además, en este caso, se puede llevar a cabo sin necesidad de promover "grandes cambios" en la normativa. En el orden del día del Consejo también se han acordado los informes sobre el Proyecto de Reglamento sobre la adquisición de la nacionalidad española por residencia y sobre el anteproyecto de ley de cooperación jurídica internacional en materia civil. Otro asunto aprobado hoy hace referencia a la propuesta de reforma del reglamento sancionador del Ministerio Fiscal, que se ha remitido al Ministerio de Justicia.
Cuatro temas conforman el orden del día de la reunión
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