El fiscal aprecia indicios delictivos en la forma en que se montó la F-1

Anticorrupción indaga también el final de la operación, en el que intervino Fabra

Rita Barberá, Bernie Ecclestone y Francisco Camps, en la presentación del circuito de la F-1 en Valencia, en mayo de 2007.
Rita Barberá, Bernie Ecclestone y Francisco Camps, en la presentación del circuito de la F-1 en Valencia, en mayo de 2007.jordi vicent

La fiscalía aprecia indicios delictivos en la forma en que se articuló el Gran Premio de Europa de Fórmula 1, que tuvo como escenario Valencia entre 2008 y 2012. El patrón de la F-1, Bernie Ecclestone, firmó el contrato para celebrar las carreras con una empresa privada, Valmor Sport. Pero de la documentación que obra en poder de la fiscalía se desprende que quien corrió con prácticamente todos los gastos de organización fue la Generalitat a través de dos empresas públicas. Una circunstancia que abona la idea, incluida en la denuncia de los socialistas que se ha sido unida a otra de Esquerra Unida, de que Valmor cumplió la función de facilitar “eludir los controles de legalidad y los controles económicos y mantener opacos los contratos”, dado que en realidad Valmor “no organizó ninguna de las ediciones”.

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción se mantiene abierta y alcanza también al desenlace de Valmor, que la Generalitat adquirió por un euro asumiendo pérdidas y deudas por importe de casi 50 millones de euros. Una decisión tomada por el Consell con Alberto Fabra como presidente de la Generalitat, motivo por el cual se halla entre los denunciados. Fuentes cercanas al caso aseguran, sin embargo, que la fiscalía considera que existen aparentes irregularidades en la forma en que se montó el circuito urbano de fórmula 1 desde su génesis.

La celebración de un premio urbano en Valencia fue negociada por el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Unas conversaciones en las que intervino más adelante la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, según reconoció Ecclestone. La vinculación política del espectáculo automovilístico llegó hasta el punto de que el dueño de la fórmula 1 ató en 2007 la llegada de las carreras a Valencia al hecho de que el Partido Popular ganara las elecciones que se celebraron aquel año. Pese a ello, Ecclestone no suscribió el acuerdo con el Gobierno autonómico sino con Valmor Sport, participada por Jorge Martínez Aspar, Bancaja y Fernando Roig.

Valmor Sport se creó un mes antes de que se firmara el contrato con Ecclestone. Al tiempo que lo suscribía, la empresa alcanzó otro pacto con la sociedad de la Generalitat Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana por el que ésta se comprometía a ocuparse de la organización de la carrera por una “contraprestación razonable”. Por esa tarea, que se repitió hasta el último premio, la Generalitat no llegó a cobrar, según los datos de que dispone la fiscalía. Valmor acumuló una deuda de 14 millones con la Administración valenciana que esta finalmente perdonó a sus dueños cuando adquirió la empresa por euro a principios de 2012.

Entre esa deuda directa y la que Valmor tenía con terceros, la Generalitat asumió un total de 48,8 millones de euros. La adquisición de la ruinosa empresa incluyó, además, una cláusula en la que el Gobierno autonómico exoneraba de toda responsabilidad civil a los anteriores gestores de Valmor.

Una ausencia de responsabilidad que encaja con la explicación que fuentes próximas al caso atribuyen a uno de los empresarios que participó en Valmor, según la cual fue invitado a participar con cierto capital en una iniciativa que para entonces ya había sido diseñada.

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Previamente, además, la víspera de su dimisión, Camps había firmado una prórroga del contrato con Ecclestone por la que convertía a la Generalitat en garante de todas las obligaciones ante el patrón de la Fórmula 1. Una iniciativa que el expresidente dijo que no iba a costar ni un euro a las arcas públicas y ha consumido de momento —aún se desconoce cuánto deberá pagar el Consell por la resolución anticipada del acuerdo— unos 300 millones.

Esquivar lo público

I. Z.

La Generalitat y otras instituciones valencianas han tendido a esquivar las contrataciones públicas en los últimos años. Algunos de esos intentos están recogidos en sumarios judiciales. Evitar la vinculación directa permitía eludir la Ley de Contratos del Sector Público y no tener que facilitar información a la oposición.

El Consell pretendió, por ejemplo, que la Agencia Valenciana de Turismo no estaba sujeta al derecho público sino al privado. Una teoría rechazada por la Intervención General de la Administración del Estado y por el juez que investiga las adjudicaciones a la red Gürtel.

La misma lógica aplicó, en este caso el Ayuntamiento de Valencia, a la Fundación Turismo Convention Bureau, la entidad que pagó al Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin la mitad de las ediciones de los encuentros Valencia Summit. Una pretensión desestimada por el juez instructor del caso, José Castro.

El mismo rechazo ha mostrado la justicia y la Sindicatura de Comptes al hecho de que Feria Valencia funcionara al margen del sector público, tanto en el régimen de contratación como en la rendición de cuentas.

Sobre la firma

Ignacio Zafra

Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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