La paz social da mucha guerra

Las políticas que puso en marcha Andalucía en los 90 para salvar empresas y los fondos de formación ponen en jaque a la Junta

Protesta de trabajadores de Santana Motor por los impagos de la Junta, en 2012.
Protesta de trabajadores de Santana Motor por los impagos de la Junta, en 2012.j. m. p.

Las políticas de empleo puestas en marcha por los Gobiernos socialistas en Andalucía a partir de mediados de los años 90 llevan tres años en el punto de mira de jueces y fiscales. El Ejecutivo que entonces presidía Manuel Chaves salió al rescate de empresas y de trabajadores despedidos, con difícil retorno laboral, para garantizar la llamada paz social. En sus autos, la juez instructora del caso de los ERE, Mercedes Alaya, considera que ese fin se antepuso al cumplimiento de la legalidad. A este caso, que se encuentra ahora en el Tribunal Supremo porque afecta a nueve aforados por su condición de diputados, parlamentarios autonómicos o senadores, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, le sigue ahora el de los cursos de formación que investigan varios juzgados de la comunidad por presunto fraude, entre ellos, el de Alaya.

Más allá de lo que determinen los jueces, hay una enorme sombra sobre la gestión de las políticas de empleo durante más de una década, algo que el Gobierno de coalición de PSOE e IU pretende enmendar de plano en lo que el consejero de Educación, Luciano Alonso, llama “ordenar el pasado”. Las irregularidades traen de cabeza al Gobierno que preside Susana Díaz y empiezan a generar tensiones entre los distintos departamentos, especialmente entre Economía, donde estaban hasta 2012 las competencias de Empleo, y Educación, que a partir de esa fecha asume las relacionadas con la formación para el empleo.

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Visto con los ojos de hoy, con unas arcas públicas exhaustas, la decisión de acudir al rescate de miles de trabajadores despedidos puede no entenderse. Pero cuando se pusieron en marcha, Andalucía estaba incendiada por los cuatro costados. Los empleados de empresas grandes como Santana, Puleva, Cervezas Alhambra, Intelhorce o Astilleros, donde los sindicatos tenían una gran capacidad movilizadora, originaron graves conflictos laborales en un momento (entre 1994 y 1996) de enorme debilidad electoral del PSOE.

El Gobierno de Chaves decidió acudir al rescate de los trabajadores en un proceso que, se sabe ahora, incluyó en los ERE al personal afectado pero también al de empresas auxiliares e intrusos que en ningún caso tenían derecho a percibir las ayudas. En la comisión de investigación del Parlamento sobre los ERE tanto Manuel Chaves y José Antonio Griñán como los exconsejeros defendieron el haber puesto en marcha medidas que beneficiaron a unas 25.000 personas entre los años 2001 hasta 2009, al recibir prejubilaciones financiadas con fondos públicos.

Pero también con la lupa actual, ambos casos ponen al descubierto una gestión política y administrativa que el secretario general de CC OO, Francisco Carbonero, no duda en calificar de “chapuza descomunal” por la falta de control sobre el dinero público.

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¿Cómo es posible que en una Administración donde en los servicios generales hay empleadas unas 45.000 personas pueda haber una montaña de expedientes sin revisar? No existe una respuesta a esta pregunta más allá de que una fuente del Gobierno andaluz admite que hubo “negligencia administrativa”. Altos funcionarios de la Junta de Andalucía y varias fuentes socialistas destacan que la falta de control se debió a que “no había recursos humanos” y señalan la dificultad de los concursos de traslado de los funcionarios. También añaden que al contrario que otros departamentos que mueven enormes recursos públicos, como Sanidad o Educación, en las sucesivas consejerías de Empleo siempre ha existido una “visión asistencial” de la propia Administración que generó una “grandísima red clientelar”.

CC OO denuncia falta de control y culpa al Gobierno de ineficiencia

“Había muchísimo dinero procedente del Fondo Social Europeo que se podía perder si se paralizaban las ayudas por no estar listos los expedientes de justificación anteriores, de ahí que se firmaran resoluciones de exceptuación”, afirma una de las fuentes, que insiste en que en todas las comunidades autónomas se hizo lo mismo. La ley de Hacienda Pública de la Junta permite emitir propuestas de pago cuando aún están pendientes de verificar otras ayudas, pero en ningún caso se exime de dar cuenta de la utilización de ese dinero. Esta situación se agravó a partir de 2007 cuando se produjo una acumulación de expedientes sin revisar “importantísimo”, dice un ex alto cargo.

El Gobierno andaluz, hasta hace poco, argumentaba que dicha ley permitía la “exoneración” de las ayudas, cuando ese término implica condonación del pago. Lo que permite la ley es la “exceptuación”. Así se hizo porque de lo contrario muchas entidades dejarían de funcionar. El líder de CC OO afirma que “hay mucha gente que ha hecho las cosas bien y otras que se han aprovechado de la falta de controles” y culpa al Gobierno andaluz de “haber sido incapaz de poner en marcha una aparato administrativo eficiente”.

Hay distintos testimonios de funcionarios que describen a la perfección la falta de control de las subvenciones. El director general de Formación para el Empleo, Carlos Cañavate, afirmó el pasado julio a la Guardia Civil que la plantilla de su departamento la integraban tan solo 21 funcionarios, insuficientes para realizar con diligencia una labor inspectora. Esta plantilla se aumentó hasta 64, que es la que ha revisado parte de los 8.505 expedientes pendientes de análisis desde noviembre de 2013 hasta mayo de 2014.

También existe el testimonio ante el juez de un funcionario de la Junta por la concesión de dos subvenciones a CC OO del departamento de Seguridad y Salud Laboral, en febrero pasado, en la que este afirma que únicamente él estaba al cargo de controlar la documentación presentada por las entidades para acceder a subvenciones hasta que se incorporan dos empleados públicos, que lo único que hacían era “recoger las cajas de documentación”, que ni tan siquiera pasaban por el registro.

¿Por qué se llega a esta situación? A esta pregunta responde Carbonero: “No es una decisión premeditada. Es una situación de ir sobrados, de pura inercia, de dejar hacer y no prever que estas cosas podían pasar. Se ha sido muy permisivo y ha habido muchos puestos de responsabilidad ocupados por dirigentes de un solo partido. Siempre hay que tener las depuradoras a punto”.

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