El PNV sondeará al PSE para perfilar un pacto sobre las ayudas sociales

El lehendakari, Iñigo Urkullu, quiere articular el mayor consenso posible para definir el modelo de futuro de las ayudas sociales en el País Vasco. La propuesta que Urkullu avanzó el pasado martes, en Vitoria, hacia la consecución de un pacto social en una materia tan delicada como básica forma parte, de hecho, de un trabajo ya iniciado por el departamento de Empleo y Políticas Sociales, que dirige Juan Mari Aburto, según ha confirmado este periódico en medios del Gobierno vasco.

El PNV entiende que como punto de partida va a dirigirse al PSE-EE para ir conformando las líneas básicas de esta adecuación del modelo de ayudas sociales. Estos dos partidos, que actualmente conforman mayoría en el Parlamento, incluyeron precisamente el mantenimiento de las prestaciones sociales en el pacto de amplio alcance que posibilitó la aprobación de los primeros Presupuestos del Gobierno de Urkullu.

A partir de que se abran estos contactos, el lehendakari dispondrá de un estado de situación sobre las posibilidades reales de alcanzar un punto de partida consensuado que permita abrir el diálogo con el resto de las sensibilidades políticas representadas en el Parlamento vasco.

El departamento de Aburto ya trabaja en el borrador del futuro modelo

A esta toma de temperatura contribuirá también el trabajo ya iniciado por el departamento de Aburto, también proclive a iniciar una reflexión crítica sobre el modelo a seguir en cuanto a las prestaciones sociales, principalmente en un escenario de crisis económica y de un aumento de beneficiarios en función de la longevidad y de la propia situación laboral.

En plena eclosión de las polémicas declaraciones de Javier Maroto y de Javier de Andrés sobre el uso que algunos inmigrantes hacen en Álava de las ayudas sociales, Urkullu propuso “un pacto social” y defendió la conveniencia de “reflexionar” sobre el sistema de prestaciones por hijo y la conciliación laboral y familiar. Incluso, el lehendakari se acompañó de un análisis crítico al reconocer que se debe “mejorar la gestión” de las ayudas sociales por parte de “todas las instituciones”, aunque apeló a la “responsabilidad” para seguir atendiendo a "los más necesitados".

En medios del Gobierno nacionalista reconocen que se trata de un tema “delicado”, pero que necesita de una visión de futuro a partir del reconocimiento de “los derechos” y de la capacidad de respuesta presupuestaria. “Se trata de definir cuál es el cuadro general en el que nos tenemos que mover”, añadieron estas fuentes.

Aunque en el departamento de Aburto existe un reconocido malestar por el alcance de las manifestaciones de Maroto y De Andrés, desde el Gobierno se va a evitar entrar en la polémica abierta y más aún ahora que podría abrirse una vía judicial tras la intervención del fiscal superior del País Vasco y la posible demanda de SOS Racismo contra el diputado general de Álava.

SOS Racismo da “una tregua” de 15 días a Maroto y De Andrés

No obstante, mientras la mayoría de los partidos han censurado el camino elegido por los dos principales responsables institucionales de Álava, desde el PP no se da marcha atrás. Así, Arantza Quiroga, su presidenta en el País Vasco aseguró ayer, en la Cope, que, a su juicio, existe “un descontrol en las ayudas sociales. Se nos está tomando el pelo”, dijo, tras señalar que “estamos hablando de 600 millones de euros”. En su línea crítica con la gestión del Gobierno vasco, añadió que “a la vez”, las ayudas a la conciliación familiar y laboral “se recortan”, pese a que el montante asciende a 17 millones de euros. “Esta cosas son las que no se puede mirar para otro lado, son las que estamos poniendo encima de la mesa, porque queremos que se hable de esto queremos que se corrija”, advirtió.

A su vez, SOS Racismo en Álava decidió ayer “dar una tregua de 15 días” a Maroto, y a De Andrés, para que reconsideren sus declaraciones sobre el supuesto fraude en el cobro de ayudas sociales por parte de algunos colectivos de inmigrantes, o, de lo contrario, formalizarán la querella correspondiente, según dijo el portavoz de SOS Racismo, Fede García, informa Efe. Este portavoz añadió que se trata de “una tregua por necesidad de interés común” y que se les ha acusado de “cosas que no son denunciables”.