La Clínica Mediterránea denuncia que la deuda de la Generalitat les aboca al cierre

La dirección de la Clínica Mediterránea, único centro autorizado en Valencia para realizar abortos de alto riesgo de más de 12 semanas, ha denunciado que están abocados al cierre ante el impago de más de 300.000 euros de los últimos ocho meses por parte de la Consejería de Sanidad. Los 17 trabajadores de los que dispone ahora la empresa han iniciado una huelga que se repetirá todos miércoles hasta que Sanidad pague y la empresa satisfaga el impago de las últimas dos nóminas.

La clínica Mediterránea es un centro privado cuyos ingresos proceden principalmente de los abortos que practica a pacientes derivadas de la Sanidad pública. Los ingresos que recibe de las intervenciones privadas son, según fuentes de la empresa, una parte mínima del total. El gerente de la empresa, Josep Lluis Carbonell, ha explicado que la situación es "crítica" y que se vuelve aun más complicada por la existencia de dos contenciosos pendientes con varios extrabajadores.

Los reiterados impagos de la Generalitat, que según Carbonell se producen de manera periódica y han llegado a los 13 meses, generaron en 2012 que las nóminas dejaran de pagarse durante cinco meses. La legislación laboral, explica el gerente de la empresa, permite a los trabajadores pedir la resolución del contrato de trabajo si el impago del salario dura más de tres meses.

Ocho trabajadores plantearon esta demanda a la empresa que logró un acuerdo con cuatro de ellos. Carbonell asegura que, pese a haber conseguido un aplazamiento para pagar las indemnizaciones de los cuatro trabajadores, tampoco han podido satisfacer los pagos. Los trabajadores exigen ahora por vía judicial el embargo a la clínica y esta ha recurrido porque asegura que, si los tribunales acuerdan el embargo, el centro tendría que cerrar definitivamente. El gerente, Josep Lluis Carbonell, explica que indemnizar a los trabajadores en un solo pago es "inasumible" porque el montante asciende a 459.000 euros. El próximo día 23 los juzgados emitirán el fallo contra esa sentencia.

"Si perdemos los juicios, tendremos que cerrar, a no ser que la Consejería pague toda su deuda de una o que la justicia sea sensible y aplique la ley en función del contexto en que se produjo el supuesto delito", ha apuntado. Carbonell ha alertado de que, al ser la única clínica autorizada para abortos de alto riesgo, si cierran, las valencianas embarazadas de más de 12 semanas con fetos malformados se verán obligadas a viajar a Madrid, Barcelona o Alicante a abortar.

Ante esta situación, los 17 trabajadores que continúan en activo han decidido ponerse en huelga cada miércoles porque, explican, son conscientes de que hacerlo de forma continua dificultaría notablemente a las mujeres ejercer su derecho al aborto, por poner en riesgo los plazos legales en los que se puede interrumpir el embarazo.