La tercera parte de los pisos de Recimil están ocupados sin contrato

El Ayuntamiento de Ferrol se ha dado un año de plazo para solucionar el triple foco de conflictividad -social, residencial y de seguridad ciudadana- que se le ha enquistado en Recimil hace un par de décadas o más. En esta gran barriada, con un millar de viviendas sociales a las puertas del centro de la ciudad, se cuentan 913 propiedades de las que 702 tienen asignada una renta antigua de tres euros al mes. La tercera parte (33%) de los inmuebles están ocupados irregularmente, otro 17% están infrautilizados y sólo la mitad (52%) tienen el alquiler en regla.

Son más de 800 pisos y un centenar de bajos comerciales edificados en la década de los cuarenta para alojar a los obreros de los astilleros, notablemente deteriorados pese a la protección de Patrimonio de la Xunta y que son propiedad del municipio. El gobierno local, del PP, se dispone a poner orden en Recimil en 12 meses después de muchos años de inacción a partir de un censo encargado a la policía local en 2013, que llevó a los agentes a llamar a todas las puertas, una por una, para saber quiénes, cuántos y desde cuando habitaban las viviendas.

En las Casas Baratas, como se conoce esta barriada, conviven cuatro modelos de vecinos: los de siempre, jubilados y pensionistas -solos, en pareja o con alguna carga familiar- que habitan 475 pisos con un contrato reglado y un alquiler simbólico. Tras ellos, lo que el Ejecutivo define como 'residentes históricos', y que ocupan otros 179 pisos. Son familiares o allegados de los inquilinos legales. Hijos de Recimil, criados en el barrio y perfectamente integrados en la dinámica vecinal que se fueron instalando en los bloques vacíos cuando la casa paterna se les quedó pequeña. La legitimidad legal de la que carecen, 'muy mejorable', en palabras del concejal de Hacienda y Patrimonio, Alejandro Langtry, contrasta con el tiempo que llevan habitando esas casas mientras el Ayuntamiento hacía la vista gorda. En tercer lugar, están los tienen un piso adjudicado que no utilizan (139) pero que tampoco devuelven a la bolsa de vivienda pública, extremo que será analizado “caso por caso”, adelantó el edil. Y por último, los que se han instalado irregularmente, o sea, dando una patada en la puerta o echando abajo los ladrillos que cegaban puertas y ventanas por mandato que puso a la cuadrilla de Obras a tapiar las entradas, precisamente, para tratar de evitarlo. En esta última categoría que es, de lejos, la más complicada desde el punto de vista de la conflictividad vecinal, hay contabilizados 120 casos más o menos recientes y denunciados ante el juzgado. Aumentaron tras el desmantelamiento del asentamiento chabolista de Penamoa (A Coruña) y se concentra, particularmente, en la calle Cedeira.

El barrio se edificó como un gran rectángulo de bloques sencillos en la intersección de los barrios de Esteiro y el Ensanche, a un paso de la plaza de España. Las viviendas, pisos sencillos y pequeños de 2 o 3 habitaciones, se las fue comiendo la humedad sin que la Administración local le pusiera más freno que los parches que colocaron, por su cuenta, los propios inquilinos y dependiendo del bloque.

En la década pasada, Recimil pasó de codearse con el derribo que proponía, en plena burbuja del ladrillo, el alcalde popular Juan Juncal (2003-2007) a fantasear con la costosa rehabilitación integral que proponían el PSOE e IU (2007-2011) con un presupuesto multimillonario (39 millones de euros) a base de fondos públicos que la crisis hizo inviable. Recimil se tuvo que conformar con algunos apaños menores y un par de capas de pintura de colores con cargo a los fondos del Plan E (2.066.000 euros).

En 2010, el municipio abrió un proceso para adjudicar varias docenas de pisos vacías, algo que no ocurría desde l993, y elaboró un listado con 116 familias y dejó fuera a otras 151. Las 30 primeras recibieron sus pisos entre mayo y septiembre del 2013, y el resto, siguen a la espera mientras otras personas ocupan pisos públicos sin más razón que la fuerza bruta o el tiempo que llevan habitándolos.

Rey Varela se ha propuesto “regularizar” la situación del barrio de aquí al otoño de 2015, con las próximas elecciones municipales por medio. Toma el censo como base para un documento que el martes entregó a los grupos de la oposición para oír sus propuestas. Lo primero, explicó el edil de Hacienda, pasa por “normalizar la situación de los vecinos históricos”. Tendrán que acreditar que no tienen propiedades inmobiliarias y abonar una renta actualizada -de 112,50 a 134 euros mensuales- con opción a bonificaciones que pueden rebajar el pago a 28,13 euros. La subida del alquiler será, dijo Langtry, la última fase de la propuesta de normalización con “medidas flexibles que tendrán en cuenta los ingresos de cada residente”. Los 'okupas' tendrán que demostrar, además, que no tienen denuncias ni problemas de convivencia para optar a un piso social.

En el paquete de Recimil también se cuentan los bajos comerciales: 39 cuentan con un contrato en vigor, 21 están desaprovechados por sus adjudicatarios, dos se ocuparon irregularmente y de otros cinco se apropiaron los residentes 'históricos'. En 2013, el Ayuntamiento ferrolano cedió varios locales cinco a entidades sociales (Érguete, Lazos, Dios y Pan, Asociación de Esclerose Lateral y Asociación Galega de Autocaravanas) y este año trata de dinamizar la actividad ofertando otros 40 para pequeños negocios de barrio. El Ejecutivo aboga ahora por crear una comisión multidisciplinar para acometer la ansiada regularización en la que participen las áreas de Patrimonio, Benestar y Obras, además de las dos asociaciones vecinales del barrio.