Alaya rastrea los pagos de la patronal en la causa de los cursos de formación

La juez Mercedes Alaya investiga los pagos que realizó la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) entre 1999 y 2013 para abonar los cursos de formación, que repartió entre una decena de empresas, gracias a los fondos públicos de la Junta. La dimensión de la nueva macrocausa de Alaya —con una extensión prevista de dos millones de folios— hace que esta incluya los expedientes de la formación de la Junta desde 2001 hasta 2012, pero también a los cursos que los agentes sociales (patronal y sindicatos) dieron entre 1999 y 2013 a través de empresas y fundaciones vinculadas.

En un auto del pasado 14 de mayo, Alaya ordena a la Agencia Tributaria que entregue a la Guardia Civil toda la información relativa a las operaciones comerciales con terceros y declaraciones de IVA de la CEA desde 1999 hasta el año pasado. “Las principales entidades beneficiarias de subvenciones para la realización de acciones formativas no solo fueron las entidades sindicales, sino también la CEA como uno de los principales agentes sociales”, expone la magistrada en su resolución. Los fondos gestionados por la patronal han sido muy numerosos. Solo entre 2009 y 2010, la Junta gestionó 746 millones en formación, y de ellos la CEA acaparó 83 millones.

La tesis incriminatoria de Alaya pasa por censurar la entrega discrecional de los fondos de la formación por parte de la Junta a miles de empresas durante más de una década, pero también incluye los fondos gestionados por la patronal y los sindicatos. Dado que el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla investiga ya toda la contabilidad del sindicato UGT y su gestión de los cursos de formación, es previsible que Alaya añada el sindicato Comisiones Obreras a la patronal, y deje fuera de su lupa a UGT.

La CEA eligió una nueva junta directiva el pasado año tras la imputación por estafa en otro juzgado sevillano de la anterior cúpula, al frente de la cual estaba Santiago Herrero, por la construcción de una promoción de 583 viviendas de VPO en Sevilla. Durante más de una década, la CEA repartió los fondos de formación entre los propios directivos de la patronal, que crearon empresas al amparo de estas subvenciones millonarias. “Santiago, que es muy amigo mío, me ha dado de vivir muchos años”, aclaró el vicepresidente de la CEA Federico Muela hace meses.

La instrucción judicial considera que los fondos públicos permanecían públicos a pesar de que fueron entregados por la patronal en función de criterios propios, sin concurrencia pública. Ahora la nueva cúpula prevé implementar un nuevo código ético que afecte a sus directivos y un sistema que asegure la concurrencia pública. “No hay facturas atípicas ni cursos no ejecutados. Todos los planes están auditados y justificados ante la Junta”, aseguró ayer el presidente Javier González de Lara.

El empresario Baltasar Fernández, cuñado de Muela y uno de los más beneficiados por los cursos, alega que el modelo implantado por la Junta para que la patronal y los sindicatos gestionaran parte de los cursos se ha repetido en numerosas comunidades autónomas. “Hay directivas europeas que favorecen e impulsan el partenariado de las instituciones con los agentes sociales”, añade. A priori y dados los precedentes, la visión de la instrucción judicial sobre el reparto de fondos es muy distinta.