El alcalde de Vall d’Alba abandona la Diputación por el caso de la depuradora

El alcalde de Vall d’Alba, Francisco Martínez, ha presentado su dimisión como diputado provincial de la Diputación de Castellón y como vicesecretario del PP a raíz de la investigación judicial abierta en torno al pelotazo de la depuradora de Borriol que ya le costó su destitución como vicepresidente de la corporación provincial. Martínez, que no ha abandonado su cargo de regidor pese a estar imputado, ha atribuido a “los últimos acontecimientos relacionados con un proceso judicial” el motivo de su dimisión.

El pasado mes de julio, el fiscal instructor de la investigación abierta por el escándalo de la depuradora (proyectó la obra sobre terrenos propiedad de una empresa familiar en una operación por la que habría ganado 48.000 euros) le atribuyó posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas por la tramitación del proyecto. El fiscal instructor, Javier Carceller, propuso al fiscal jefe que presentara una querella contra él, el exalcalde de Borriol, los hijos de Martínez, su socio, un funcionario y un empleado del socio de Martínez. Poco después, el presidente de la Diputación, Javier Moliner, anunció que le pediría su acta de diputado cuando fuera imputado por esta investigación.

Martínez ha expresado en un comunicado que la decisión de dimitir ha sido “voluntaria” y que a partir de ahora defenderá “infatigablemente” su inocencia. En el escrito ha querido subrayar su orgullo por los 27 años dedicado a la tarea política.

La investigación que ha acabado con la vida política del alcalde de Vall d’Alba en la diputación arrancó después de que el edil de Compromís en Borriol destapara los intereses que Martínez, entonces vicepresidente primero de la Diputación, tenía sobre el proyecto que él mismo gestionaba en la corporación provincial. El ahora diputado sin competencias proyectó la obra afectando a una parcela cuya propiedad comparte con sus hijos y por la que iba a recibir, por la expropiación, 51.000 euros por unos terrenos que habían sido valorados en 3.000. El alcalde de Borriol, Adelino Santamaría, también imputado, siempre se ha desvinculado del escándalo y asegurado que desconocía la propiedad de ese solar. El fiscal instructor concluye que tenía también “perfecto conocimiento” de la operación.