La CE investiga si hubo negligencia en el envío de datos sobre el déficit valenciano

La Comisión Europea (CE) ha asegurado que la investigación abierta a la Generalitat por la posible manipulación de estadísticas en la Comunidad Valenciana determinará si ha habido "una tergiversación deliberada o una negligencia grave" en el suministro de datos por parte de esta autonomía. La investigación se ocupará, aunque no de forma exclusiva, de los gastos sanitarios.

Es la respuesta que la CE ha dado a la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero sobre la investigación abierta el pasado mes de julio por los órganos comunitarios por la posible manipulación de estadísticas sobre el déficit de 2011 en la Comunidad Valenciana.

El Sindicatura de Comptes de la Generalitat alertó de un agujero de 1.800 millones de gasto oculto sanitario en las cuentas autonómicas, que se regularizó en 2012 y que obligó a modificar al alza las cifras de déficit de la Comunidad Valenciana de los años 2010 y 2011.

Rodríguez-Piñero preguntó a la CE sobre quién es el responsable directo del envío de los datos estadísticos de déficit y deuda valencianos; sobre qué ingresos y gastos se extienden las sospechas de manipulación; y cuáles son los indicios que hacen sospechar al respecto.

La CE ha explicado que en España las autoridades autonómicas transmiten a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) los datos de las cuentas públicas de las comunidades autónomas. En el caso concreto de la Comunidad Valenciana, la autoridad autonómica correspondiente es la Intervención General de la Generalitat Valenciana.

Al respecto, ha indicado que, posteriormente, la IGAE transforma las cuentas públicas en cuentas nacionales y las transmite al Instituto Nacional de Estadística (INE), que, por último, las envía a Eurostat, la oficina estadística de la Unión.

Según el órgano ejecutivo, la investigación determinará si ha habido "una tergiversación deliberada o una negligencia grave" en el suministro de datos valencianos. La Comisión abrió esta investigación a raíz de los informes de la Sindicatura de Comptes.

Cuando la CE anunció la apertura de esta investigación, el Consell explicó que se refiere a datos de 2011 y ejercicios anteriores, cuyas facturas se incorporaron al mecanismo extraordinario del plan de pago a proveedores de julio de 2012, lo que "supuso que afloraran todas" las facturas "no registradas hasta ese momento".

Intervención de la Generalitat se defiende

La Intervención General de la Generalitat Valenciana no tuvo responsabilidad alguna, según la versión que Salvador Hernándiz, que fue interventor general entre 1997 y 2012, relató en una carta remitida a la portavoz de la CE, Emer Traynor, a la que tuvo acceso este diario antes del verano.

Hernándiz, que cita las noticias según las cuales la Intervención General envió sistemáticamente información incorrecta a las autoridades estadísticas, se queja de no haber sido consultado y denuncia “la omisión de información relevante a los miembros de Eurostat en sus últimas visitas, información que permitiría determinar durante cuanto tiempo han sucedido las anomalías y dónde se sitúa la cadena de responsabilidades, que nunca ha estado en las declaraciones y el trabajo de la Intervención General de la Generalitat Valenciana”.

Antes de transmitir a las autoridades europeas un “ofrecimiento de máxima colaboración”, Hernándiz hace una serie de consideraciones que apuntan al Consell, y más concretamente a los titulares de Sanidad, como responsables de una práctica, la de las denominadas facturas en los cajones, que ha colocado las cuentas autonómicas bajo sospecha.

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, afirmó no creer que acabe en sanción y argumentó que la acumulación de facturas es una práctica ya "desterrada".