Sáenz de Santamaría pide a Mas que no interfiera en la recuperación económica

La vicepresidenta avisa que “las malas decisiones pueden retrasar la salida de la crisis

La recuperación económica de la que presume el Gobierno es uno de los principales argumentos que esgrimen sus dirigentes para frenar el independentismo en Cataluña. Cifras que van acompañadas de otro argumentario: el legal, que consiste en asegurar que la consulta soberanista impulsada por el Gobierno catalán no es constitucional y, por lo tanto, no se hará.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, combinó ambos argumentarios este sábado, en el cierre de la conferencia política que el PP catalán ha celebrado a pocos días de la Diada, llamada Los catalanes somos gente legal.

Santamaría destacó los éxitos económicos del Gobierno y alertó al presidente de la Generalitat de que la consulta soberanista puede frenar la salida de la crisis: “España es hoy un país en positivo y atractivo. Hemos abierto la puerta de la crisis y estamos cruzando el umbral. Hago una llamada a la responsabilidad: las malas decisiones pueden retrasar esa salida. No conviene perderse en otros caminos”, advirtió Santamaría, que se deshizo en elogios hacia los catalanes: “Creemos en la Cataluña trabajadora, honrada, tenaz, cumplidora, creativa, vanguardista, serena y responsable. Esa es la Cataluña que merece que sus gobernantes se parezcan a sus ciudadanos”.

Santamaría mantuvo que la recuperación económica se ha alcanzado gracias al esfuerzo de todos los españoles —”¿alguien piensa que se habría logrado tanto en tan poco tiempo de no haberlo hecho todos juntos”?, se preguntó— y se extendió en describir los beneficios económicos que tiene para los catalanes seguir en España, “un país atractivo y que merece la pena”: citó la ayuda a la liquidez, las pensiones, la construcción de infraestructuras y la próxima reforma fiscal, que según su relato traerá pingües beneficios a los ciudadanos de Cataluña. La vicepresidenta aseguró que 270.000 catalanes dejarán de pagar el Impuesto sobre la Renta tras los cambios, que también repercutirán en la nómina del resto. Santamaría también destacó los beneficios para las pequeñas y medianas empresas, a las que felicitó por crear empleo. Y cerró: “Queremos que Cataluña siga avanzando, y que sea protagonista de este proyecto de cooperación que es España”.

Las reformas del Gobierno, destacó la vicepresidenta, gozan del visto bueno de instituciones internacionales como la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE. “Generamos confianza, nuestro sistema financiero ya no es motivo de incertidumbre"—, y sentenció: “Para reivindicar que estar en España vale la pena hacen falta otros observadores internacionales”. Una referencia a la propuesta que hizo la vicepresidenta catalana, Joana Ortega, de invitar observadores a la consulta soberanista. Otra vía por la que Santamaría quiso seducir a los catalanes es la transparencia. En plena turbulencia por la confesión de fraude fiscal cometido por el ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, la vicepresidenta del Gobierno invitó a la Generalitat a tomar nota de la futura ley sobre altos cargos de la Administración del Estado, que escudriñará “hasta el último euro” que posean los dirigentes políticos en el momento de abandonar la administración.

Tras desgranar los éxitos y buenos propósitos del Gobierno, Santamaría cargó contra el proyecto de consulta soberanista de Artur Mas. La vicepresidenta reiteró que la votación no se hará porque la ley de consultas, que el Parlament aprobará dentro de dos semanas, no la podrá amparar, por lo que la consulta no se hará. “Podéis confiar en la palabra del Gobierno de Rajoy”, apostilló.

El arma electoral con la que el PP busca combatir el independentismo en Cataluña es la gran coalición que propuso el viernes la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, a PSC, Unió, Ciutadans y UPyD. La vicepresidenta ni mencionó el proyecto, de cuya defensa se encargó la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho. Pese al rechazo de todos los partidos (excepto UPyD), Sánchez-Camacho insistió en buscar un acuerdo para “afrontar estos momentos pensando en el bien común”.

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