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Empresas y Ayuntamientos deberán devolver 71 millones del fondo de los ERE

El dinero corresponde a las ayudas directas de Empleo con cargo a la partida investigada

La juez de los ERE, Mercedes Alaya. Ampliar foto
La juez de los ERE, Mercedes Alaya.

La Junta exige la devolución de 71 millones a empresas y Ayuntamientos que recibieron de manera directa gracias al fondo de los ERE. En paralelo a la investigación judicial, ahora en manos del Tribunal Supremo, el Ejecutivo tiene en marcha un proceso administrativo que ha avanzado desde que se descubrió el fraude en 2011. Y la cifra, por su alta cuantía, es muy llamativa, a pesar de que la Junta ya había avanzado que consideraba irregulares casi todas las ayudas directas concedidas por la Consejería de Empleo entre 2001 y 2010. Es decir, al margen de los ERE que subvencionó la Junta por más de 500 millones, el Gobierno andaluz concedió ayudas directas por unos 73,8 millones para subvenciones concretas, que ahora el Ejecutivo estima irregulares.

El consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, ha concretado esta cifra de 71 millones esta mañana en el Parlamento en una comparecencia relativa a las ayudas directas del fondo de los ERE. Tras el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que ha estimado ilegales la gran mayoría de las ayudas, la Junta ha avanzado en el proceso de reintegro de estos fondos, y tras analizar el 90% de las ayudas, concluye que los fondos concedidos de manera inconveniente suman 71 millones.

Tras la revisión de los expedientes, algunos empresarios ya han devuelto 1,2 millones a las arcas públicas de manera voluntaria. Mientras, están en “providencia de apremio”, es decir, cercanos a la conclusión del trámite administrativo, fondos por 22 millones en diferentes expedientes. Otras ayudas directas por 24 millones están “suspendidas o paralizadas” cautelarmente en distintas instancias judiciales, según matizó el consejero, “debido a la elevada litigiosidad del proceso”.

Después de la conclusión del proceso administrativo, el siguiente paso previsible será la negativa de los empresarios a devolver el dinero, por lo que la Administración deberá acudir a la vía Contencioso Administrativo si quiere lograr recuperar los fondos.

Los expedientes ya finalizados con dictamen y orden final son 195 de un total de 211, de los cuales 178 disponen del dictamen favorable para su nulidad del Consejo Consultivo, un paso que obliga la ley para que la Administración reclame el dinero. Maldonado ha matizado que en más del 90% de los casos estudiados, el Consejo Consultivo ha dictaminado en línea con la propuesta de nulidad de las ayudas propuesta por los funcionarios de la Junta.