El parque industrial que debía impulsar Jerez se declara insolvente

La cita es este jueves a las 9.30. Tiene carácter extraordinario porque extraordinaria es la situación que la provoca. Cuando el Parque Científico Tecnológico Agroindustrial de Jerez nació, se anunció como el gran revulsivo que necesitaba la comarca y, en general, la provincia de Cádiz para diversificar la economía de la zona y revalorizar los grandes potenciales que da el campo gaditano, especialmente, el relacionado con el vino. Pero el fracaso ha sido evidente. El consejo de administración de este organismo ha convocado esta cita para asumir su crítica situación económica y pedir, de momento, el preconcurso de acreedores. Es decir, comunicará al juzgado que está en situación de insolvencia y que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación.

El parque jerezano fue creado en 2007. Ocupa 300.674 metros cuadrados a la salida de Jerez y acoge varias grandes empresas relacionadas con la industria agroalimentaria. Está participada por el Ayuntamiento de Jerez (51%), la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (20%) y la Agencia IDEA (19%), ambas de la Junta; la Diputación gaditana (9%) y la Universidad de Cádiz (1%). Nació lastrada por un patrimonio inmobiliario escaso y muy limitado. Además de empresas privadas instaladas allí, la sociedad gestiona dos edificios marcados por la frustración. Uno de ellos iba a ser el Centro Tecnológico del Vino. Un informe de la Junta atribuye su fracaso a la falta de interés del sector productivo y la existencia de dos centros similares en el mismo entorno. El otro inmueble, un contenedor de empresas agroalimentarias, tampoco ha despegado. A eso se le añadieron los enfrentamientos entre Junta y Ayuntamiento, en parte motivados por la elección municipal del gerente, que llevaron al Gobierno andaluz a abandonar el órgano de administración.

Así que a la reunión de este jueves se llega, después de muchas tensiones, con una situación económica desoladora. El mismo documento autonómico, que analiza la situación actual del Parque, revela que el déficit de explotación estructural, de 450.000 euros el año pasado, viene de origen. Las aportaciones de las administraciones han sido insuficientes para afrontar los gastos y, según la Junta, algunas subvenciones se han tenido que utilizar para equilibrar las cuentas. Sólo las nóminas de las cuatro personas contratadas en el parque costaron en 2013, 153.581 euros, casi 9.000 euros más que el año anterior. Los ingresos no pasaron de 32.000 euros. A esta situación estructural se le añaden nuevos problemas. La deuda financiera que conllevó la construcción de los dos edificios sin uso obligan a pagar en seis años 8’3 millones de euros. Esto obliga a poner sobre la mesa 2’7 millones este año y otros 2’4 el año que viene.

La Junta advierte también de que el Ministerio de Economía y Competencia tiene varios expedientes abiertos para obligar al parque a reintegrar algunas subvenciones cobradas. Por ejemplo, los 7,4 millones que se consiguieron para el Centro Tecnológico del Vino. El informe autonómico duda de la viabilidad de solventar esta situación con más aportaciones públicas. “Surge la legítima cuestión de hasta qué punto cabe o pueden efectivamente asignarse recursos públicos tan cuantiosos a una iniciativa que debería tener un alcance mayor en la competitividad de la zona”. Ya el Ayuntamiento, además, ha reconocido que no puede aportar más dinero al proyecto.

Así que la solución a este panorama desolador pasa por estudiar la liquidación mediante concurso de acreedores de la sociedad. La Junta propone que la gestión podría pasar a la comunidad de propietarios de los suelos, las empresas privadas que allí están instaladas mientras se negocia con los administradores concursales la resolución de las deudas. El informe también plantea otra solución que obliga a un compromiso común: un pacto sólido entre administraciones para “refundar” el parque y hacerlo sostenible económicamente, una ampliación del capital para afrontar la deuda, algún recurso para hacer rentables los edificios sin uso, una gestión más profesionalizada y la incorporación de más universidades si la de Cádiz, como hasta ahora, no realiza un compromiso más efectivo.